El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia en medio de una profunda crisis política y financiera desencadenada por la intervención de Ueno Bank, una entidad bancaria digital vinculada anteriormente con el mandatario. La decisión fue comunicada desde Asunción, cuando el Congreso avanzaba en el debate de un juicio político y el oficialismo comenzaba a retirarle su respaldo. La salida del jefe de Estado abre un proceso de sucesión constitucional que podría llevar al vicepresidente Pedro Alliana a asumir la presidencia.
Según informó La Nación, la dimisión se produjo después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y presuntas irregularidades financieras.
La medida provocó restricciones sobre las operaciones de la entidad y dejó a numerosos clientes sin acceso inmediato a sus depósitos, lo que generó protestas y aumentó la presión política sobre el Gobierno.
Peña comunicó su decisión mediante un mensaje grabado difundido en la red social X, en el que sostuvo que su salida buscaba preservar la estabilidad institucional.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, expresó el mandatario.
También pidió disculpas a la ciudadanía, aunque no reconoció responsabilidad personal por las irregularidades investigadas.
La renuncia deberá ser tratada formalmente por el Congreso Nacional de Paraguay, que tiene la responsabilidad de avanzar con el procedimiento constitucional correspondiente.
En ese escenario, Pedro Alliana aparece como el principal candidato a completar el mandato presidencial, previsto hasta 2028.
La Cámara de Diputados rechazó un pedido de juicio político contra el vicepresidente, una decisión que despejó el camino para su eventual llegada a la jefatura del Estado.
La crisis también provocó una fractura dentro del Partido Colorado, fuerza política que llevó a Peña al poder.
El expresidente y dirigente oficialista Horacio Cartes expresó su respaldo al avance del juicio político, mientras que otros referentes del partido reclamaron explicaciones por la situación financiera.
Entre ellos se encontraba el senador Natalicio Chase, quien había solicitado la renuncia presidencial ante la magnitud del conflicto.
El episodio comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar problemas en sus indicadores de solvencia.
La entidad financiera había registrado un crecimiento acelerado desde su transformación en banco y contaba con más de tres millones de clientes.
Según la información difundida, administraba aproximadamente US$ 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos vinculados con el sistema previsional paraguayo.
De ese monto, alrededor de US$ 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de administrar fondos jubilatorios y prestaciones sociales.
La intervención implicó la suspensión de operaciones y restricciones sobre retiros y transferencias, una situación que afectó a cientos de miles de ahorristas.
El Banco Central justificó su decisión por el deterioro de los indicadores patrimoniales y la detección de operaciones crediticias con empresas relacionadas con el mismo grupo económico.
Estas irregularidades deberán ser investigadas por las autoridades judiciales para determinar las eventuales responsabilidades de los directivos involucrados.
El conflicto adquirió una dimensión política debido a los antecedentes comerciales de Santiago Peña con Ueno Holding, sociedad vinculada con el Grupo Vázquez.
El mandatario había sido accionista de ese conglomerado hasta marzo de 2025, cuando se desvinculó de la empresa.
Además, durante su gestión había designado a Carlos Carvallo, anteriormente vinculado con Ueno, al frente del Banco Central paraguayo.
La oposición cuestionó esa designación por un posible conflicto de intereses, mientras que Carvallo presentó su renuncia en medio del escándalo.
La Fiscalía General del Estado también inició actuaciones para investigar presuntas irregularidades y posibles responsabilidades vinculadas con la crisis bancaria.
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández derivó las denuncias a la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción.
En paralelo, ocho directivos y ejecutivos relacionados con la entidad fueron detenidos en el marco de la investigación.
La situación provocó manifestaciones en Asunción, donde numerosos ciudadanos reclamaron la devolución de sus ahorros y exigieron respuestas de las autoridades.
Ante la magnitud del conflicto, el Banco Central anunció mecanismos para iniciar la restitución de fondos a los depositantes.
El esquema contempla un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista y una garantía de depósitos de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, según las condiciones informadas.
Los montos superiores deberán recuperarse conforme avance el procedimiento de resolución bancaria.
La crisis institucional también reavivó el recuerdo de la destitución del expresidente Fernando Lugo, quien fue removido del cargo mediante un juicio político en 2012.
En esta oportunidad, el debate político incluye cuestionamientos sobre las consecuencias jurídicas de aceptar la renuncia de Peña, debido a las prerrogativas que podrían corresponderle como expresidente.
Mientras continúa la investigación financiera, Paraguay enfrenta una transición presidencial marcada por la necesidad de restablecer la confianza en el sistema bancario y garantizar la continuidad institucional.
La eventual asunción de Pedro Alliana abriría una nueva etapa política para el país, con el desafío inmediato de atender las consecuencias de la intervención de Ueno Bank y responder a los reclamos de los ahorristas afectados.
