El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, explicó durante la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), realizada en Buenos Aires, los principales factores que permitieron consolidar la estabilidad macroeconómica del país. El funcionario del gobierno de Yamandú Orsi destacó la continuidad de las políticas fiscales, la acumulación de reservas internacionales y el acceso sostenido al financiamiento externo, en un escenario donde Uruguay mantiene su mercado cambiario sin intervenciones directas desde 2021.
Según informó Sofía Diamante en La Nación, el ministro sostuvo que los resultados económicos de Uruguay responden a acuerdos políticos e institucionales construidos durante las últimas dos décadas, más allá de los cambios de gobierno.
Durante su exposición, Oddone destacó que el país alcanzó un riesgo soberano de 82 puntos básicos, uno de los indicadores más bajos de América Latina, y mantiene calificaciones crediticias dentro del grado de inversión en las principales agencias internacionales.
Estos resultados reflejan una transformación respecto de períodos anteriores, cuando la economía uruguaya enfrentaba elevados niveles de inflación y dificultades para acceder a los mercados financieros.
El funcionario explicó que el modelo económico se sostiene sobre cuatro principios fundamentales: estabilidad macroeconómica, apertura comercial, crecimiento económico y cohesión social.
Estos objetivos forman parte de una estrategia compartida por distintas administraciones, que priorizaron la previsibilidad y el fortalecimiento de las instituciones económicas.
Oddone recordó el pensamiento del exministro de Economía Danilo Astori, quien defendía la necesidad de mantener el orden macroeconómico como condición para alcanzar un desarrollo sostenido.
Uno de los principales instrumentos de esta estrategia es la regla fiscal, aprobada durante el gobierno anterior y mantenida por la actual administración.
El esquema establece un nivel prudente de deuda neta equivalente al 65% del Producto Interno Bruto (PIB), además de objetivos relacionados con el resultado fiscal estructural.
También contempla mecanismos destinados a limitar los desequilibrios presupuestarios durante los períodos electorales.
El cumplimiento de estas disposiciones es supervisado por un Consejo Fiscal Autónomo, que informa directamente al Parlamento y evalúa las decisiones económicas del Poder Ejecutivo.
Para Oddone, este marco institucional resulta especialmente importante debido a las características del sistema monetario uruguayo, donde conviven el peso y el dólar.
La utilización de ambas monedas limita parcialmente la capacidad de transmisión de la política monetaria, por lo que la estabilidad fiscal adquiere un papel central.
Otro de los pilares destacados fue la administración de la deuda pública y el acceso permanente a los mercados internacionales.
Después de la crisis financiera de 2002, Uruguay desarrolló una estrategia orientada a garantizar fuentes de financiamiento disponibles incluso durante períodos de incertidumbre internacional.
Actualmente, el país necesita obtener entre US$6.000 millones y US$6.300 millones anuales mediante operaciones en los mercados financieros.
Además, logró reducir la proporción de deuda denominada en dólares, que representaba aproximadamente el 90% del total en 2005 y actualmente se ubica cerca del 50%.
Esta transformación contribuyó a disminuir la exposición de las cuentas públicas frente a variaciones del tipo de cambio.
En paralelo, el Banco Central de Uruguay mantiene un volumen elevado de reservas internacionales, que funciona como respaldo ante posibles shocks externos.
En materia cambiaria, Oddone destacó que el país no realiza intervenciones directas en el mercado spot del dólar desde 2021.
“Hemos abandonado las intervenciones cambiarias desde el año 2021. Uruguay no tiene ninguna intervención en el mercado de cambio spot”, afirmó el ministro.
El funcionario explicó que, ante movimientos cambiarios que se apartan de los fundamentos económicos, las autoridades pueden utilizar herramientas de política monetaria y operaciones financieras sin recurrir a compras o ventas directas de divisas.
La evolución de la inflación también representa uno de los principales cambios estructurales de la economía uruguaya.
Entre 1958 y 1998, el país registró una inflación promedio anual del 63%, mientras que después de la crisis de 2002 logró estabilizarla alrededor del 8%.
Actualmente, el Banco Central mantiene una meta de inflación del 4,5%, con la posibilidad de revisarla a la baja cuando las condiciones internacionales lo permitan.
Otro factor relevante es la diversificación de los vínculos comerciales.
A fines de la década de 1990, aproximadamente la mitad de las exportaciones uruguayas se dirigían a Argentina y Brasil.
En la actualidad, China es el principal destino de las exportaciones de bienes, Estados Unidos ocupa un lugar destacado en los servicios y la Unión Europea representa una fuente central de inversión extranjera.
La transformación energética también contribuyó a fortalecer la economía.
Según explicó Oddone, el 98% de la electricidad generada durante el último año provino de fuentes renovables, lo que permitió reducir la exposición del sistema eléctrico a las variaciones internacionales del precio del petróleo.
Sin embargo, el ministro reconoció que Uruguay todavía enfrenta desafíos económicos y sociales importantes.
El déficit fiscal alcanza el 4,1% del PIB, mientras que el crecimiento promedio de la economía durante la última década fue de apenas 1,2% anual.
Oddone consideró que este ritmo resulta insuficiente para sostener las necesidades de desarrollo del país.
También señaló que la estabilidad macroeconómica debe complementarse con políticas capaces de acelerar la inversión, mejorar la productividad y fortalecer el crecimiento.
El funcionario concluyó que la experiencia uruguaya demuestra la importancia de mantener reglas económicas previsibles, instituciones sólidas y consensos políticos de largo plazo.
Al mismo tiempo, advirtió que la estabilidad constituye una condición necesaria para el desarrollo, pero no garantiza por sí sola una expansión económica sostenida.
