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La Legislatura de Córdoba aprobó una nueva Ley de Promoción Industrial impulsada por el gobierno de Martín Llaryora, con el objetivo de atraer inversiones privadas por aproximadamente US$ 1.000 millones, ampliar la actividad manufacturera y generar empleo. La normativa establece exenciones impositivas de hasta el 100%, incorpora incentivos para pequeñas y medianas empresas y busca sumar más de 800 firmas al régimen simplificado de promoción industrial.
La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para fortalecer el entramado productivo mediante herramientas fiscales destinadas a facilitar la radicación de nuevas industrias y acompañar la ampliación de establecimientos existentes.
Uno de los principales cambios es la posibilidad de acceder a Ingresos Brutos Cero, junto con exenciones en los impuestos de Sellos e Inmobiliario. Estos beneficios buscan reducir los costos tributarios de las empresas que realicen inversiones productivas dentro del territorio cordobés.
La legislación también amplía el acceso al régimen simplificado al elevar a $4.500 millones el límite de facturación anual permitido para las empresas interesadas en incorporarse.
Con esta modificación, el Gobierno provincial estima que más de 800 compañías adicionales podrán acceder a los incentivos, mientras que entre 200 y 250 industrias podrían incorporarse al régimen general.
El nuevo marco contempla dos modalidades de participación. El régimen general está destinado a proyectos de inversión industrial, mientras que el simplificado se orienta especialmente a pequeñas y medianas empresas que buscan modernizar sus instalaciones, incorporar equipamiento o ampliar su capacidad operativa.
La normativa establece que los beneficios fiscales podrán extenderse hasta 15 años para inversiones localizadas en parques industriales y en departamentos del noroeste y del sur provincial.
Esta disposición busca incentivar la distribución territorial de la actividad industrial y favorecer la instalación de empresas en regiones con oportunidades de desarrollo productivo.
Además, la legislación incorpora estímulos para inversiones en maquinaria, activos fijos y tecnologías vinculadas con la Industria 4.0, con el propósito de acompañar los procesos de automatización, digitalización y modernización de las plantas industriales.
Otro de los aspectos relevantes es la incorporación de incentivos para la capacitación de trabajadores en pequeñas y medianas empresas que generen nuevos puestos de empleo registrados.
El objetivo es vincular la incorporación de tecnología con la formación laboral y fortalecer las capacidades de las compañías para responder a nuevas demandas productivas.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación, Fernando Sibilla, destacó el alcance de la iniciativa y su importancia para mejorar las condiciones de inversión en la provincia.
Desde el Gobierno provincial consideran que el nuevo esquema permitirá brindar mayor previsibilidad a las empresas, facilitar la planificación de proyectos de largo plazo y promover la incorporación de nuevas actividades industriales.
Por su parte, el gobernador Martín Llaryora sostuvo que la reducción de impuestos constituye una herramienta para acompañar a las empresas que invierten, producen y generan puestos de trabajo.
La administración provincial también destacó la importancia de los parques industriales como espacios estratégicos para concentrar infraestructura, servicios y actividades manufactureras.
En ese sentido, los incentivos buscan favorecer la instalación de establecimientos productivos en zonas preparadas para recibir nuevas inversiones y facilitar la ampliación de operaciones existentes.
La nueva legislación se inscribe en una política provincial orientada a fortalecer la competitividad de las empresas mediante menores cargas tributarias, modernización tecnológica y estímulos a la inversión privada.
Para las pymes, el aumento del límite de facturación representa una oportunidad de acceder a beneficios que anteriormente estaban restringidos a compañías de menor tamaño.
Al mismo tiempo, las industrias que desarrollen proyectos de mayor escala podrán evaluar las ventajas del régimen general para financiar nuevas instalaciones, adquirir equipamiento o ampliar sus establecimientos.
El impacto económico dependerá de la cantidad de empresas que efectivamente adhieran al programa y del volumen de inversiones que se concrete durante los próximos años.
Con esta herramienta, Córdoba busca consolidar su perfil industrial, ampliar su base empresarial y fortalecer la generación de empleo privado, mediante un esquema de incentivos destinado a acompañar la actividad productiva en distintas regiones de la provincia.
