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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó a través de su Gobierno un paquete de medidas destinado a fortalecer las cuentas públicas, limitar el aumento del gasto y mejorar las condiciones fiscales del país a partir de 2027. La iniciativa, enviada al Congreso brasileño, contempla modificaciones en las reglas presupuestarias, mayores herramientas para contener las erogaciones y una revisión de beneficios tributarios, en un contexto de preocupación de los inversores por la evolución de la deuda pública.
Según informó Bloomberg Línea, el equipo económico brasileño estima que las modificaciones podrían mejorar el resultado fiscal primario entre 50.000 y 60.000 millones de reales, equivalentes a aproximadamente US$10.800 millones, durante 2027.
El ministro de Planificación, Bruno Moretti, explicó ante el Congreso que las propuestas buscan ampliar la capacidad del Gobierno para administrar sus compromisos presupuestarios y avanzar en el cumplimiento de las metas fiscales.
Uno de los principales cambios consiste en reducir el límite de expansión real del gasto público del 2,5% al 2% anual, cuando exista riesgo de incumplimiento de los objetivos presupuestarios.
La medida comenzaría a aplicarse en 2027, siempre que el Congreso apruebe las modificaciones legislativas correspondientes.
El paquete también contempla ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para congelar partidas presupuestarias, incluso cuando el resultado fiscal primario se encuentre dentro del margen inferior de tolerancia establecido por las reglas vigentes.
Esta herramienta permitiría adoptar medidas preventivas antes de que las cuentas públicas se alejen de las metas oficiales.
La propuesta forma parte de una estrategia orientada a reforzar la previsibilidad fiscal y mejorar la percepción de los mercados sobre la capacidad de Brasil para administrar sus compromisos financieros.
Otro componente relevante es la revisión de exenciones, subvenciones y créditos tributarios que actualmente representan beneficios para determinados sectores de la economía.
El Gobierno busca identificar aquellos mecanismos que no cumplen con los resultados previstos y evaluar su continuidad dentro de una política de mayor control presupuestario.
Moretti también anticipó que se analizarán determinados privilegios remunerativos dentro de la administración pública, entre ellos los denominados “super salarios” de algunos funcionarios.
El objetivo es combinar medidas sobre el gasto con modificaciones en los ingresos fiscales para mejorar gradualmente el equilibrio de las cuentas nacionales.
Las autoridades brasileñas consideran que este conjunto de herramientas permitirá acelerar el proceso de consolidación fiscal sin recurrir exclusivamente a restricciones presupuestarias generalizadas.
En ese sentido, Moretti afirmó que las iniciativas otorgarían al Gobierno “una confianza aún mayor” para “acelerar el proceso de consolidación fiscal”.
La presentación se produce en un escenario económico marcado por la preocupación de los inversores respecto de la evolución del déficit y el endeudamiento brasileño.
La deuda pública supera el 80% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el déficit nominal, que incluye el pago de intereses, se ubica por encima del 9% del producto.
Estos indicadores representan desafíos para la administración de Lula, que busca fortalecer la credibilidad de su política económica y generar condiciones de mayor estabilidad financiera.
La reacción de los mercados también estuvo influida por las expectativas posteriores a las elecciones presidenciales, especialmente en relación con la orientación del gasto público y las posibilidades de alcanzar un mayor equilibrio presupuestario.
El Gobierno estableció como objetivo conseguir un superávit fiscal primario equivalente al 0,5% del PIB en 2027, excluyendo los pagos de intereses de la deuda.
La meta oficial contempla una mejora progresiva hasta alcanzar un resultado positivo del 1,5% del PIB en 2030.
Para cumplir con ese recorrido, las autoridades consideran necesario reforzar los mecanismos de control y revisar determinados compromisos presupuestarios.
Sin embargo, algunos inversores reclaman modificaciones más profundas, particularmente en los mecanismos de actualización del salario mínimo y otros componentes del gasto.
El debate se concentra en la capacidad del Gobierno para reducir los desequilibrios fiscales sin afectar las prioridades presupuestarias que busca preservar.
Dentro de esa estrategia, el Ejecutivo también propone habilitar la exclusión de hasta 10.500 millones de reales correspondientes a subvenciones al diésel del objetivo presupuestario de 2026.
La disposición permitiría un tratamiento específico de esos recursos dentro del cálculo fiscal, aunque su implementación dependerá de la aprobación legislativa.
El paquete requiere modificaciones en la legislación complementaria brasileña y fue elaborado mediante negociaciones entre el equipo económico y representantes del Congreso.
Las autoridades buscan establecer un esquema que permita administrar el gasto con mayor flexibilidad y, al mismo tiempo, sostener compromisos considerados prioritarios.
La discusión también recupera antecedentes de anteriores procesos de ajuste fiscal en Brasil, especialmente las decisiones adoptadas durante la administración de Dilma Rousseff.
Los asesores presidenciales analizan cómo implementar restricciones graduales para evitar un impacto abrupto sobre la actividad económica.
El resultado de las negociaciones legislativas será determinante para conocer el alcance definitivo de las medidas y su capacidad para modificar las perspectivas fiscales del país.
Con esta iniciativa, Brasil busca establecer un marco de mayor disciplina presupuestaria, reducir la presión sobre sus cuentas públicas y fortalecer las condiciones necesarias para recuperar la confianza de los inversores.
La evolución de la deuda, el cumplimiento de las metas primarias y la implementación de las nuevas reglas serán factores centrales para evaluar los resultados de la estrategia económica brasileña.
