Ecosistemas Agrícolas
/ Control de Plagas
Los daños provocados por palomas y cotorras en los cultivos de girasol generaron pérdidas superiores a los $149.000 millones para la economía chaqueña durante la campaña agrícola anterior. La estimación corresponde a un informe de la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH), que advirtió sobre el impacto de estas aves en los rendimientos, la actividad productiva y la recaudación provincial.
El cálculo toma como referencia la producción de la última campaña girasolera de la provincia y considera una pérdida general estimada del 15% del rendimiento. El documento aclara que, aunque algunos lotes registraron daños de hasta el 60%, se utilizó un porcentaje menor para estimar el impacto económico sobre el conjunto de la actividad.
Además, la entidad calculó que la provincia dejó de recaudar más de $2.665 millones por la menor emisión de guías vinculadas con la producción.
Los datos forman parte del Informe Mensual de Panorama Agropecuario Chaqueño correspondiente a octubre de 2026, publicado por la Bolsa de Comercio del Chaco y difundido por Agroperfiles el 12 de noviembre de ese año.
La presencia de estas aves constituye una preocupación para los productores de girasol de la provincia. Según el informe, los ataques afectan directamente los rindes y pueden provocar pérdidas significativas en determinados establecimientos.
La BCCH utilizó una pérdida promedio estimada del 15% para calcular el perjuicio económico general. Sin embargo, el documento señala que en algunos lotes el daño llegó al 60% de la producción.
La diferencia entre ambos porcentajes es importante: el 60% corresponde a situaciones particulares de lotes afectados, mientras que el 15% funciona como supuesto general para estimar el impacto sobre la economía provincial.
El problema no se limita al productor que pierde parte de su cosecha. La reducción de la producción también repercute sobre las actividades que dependen del movimiento agrícola, desde los servicios y el transporte hasta el comercio y la recaudación pública.
En ese sentido, el informe destaca que las medidas de control podrían generar beneficios directos para la producción e indirectos para el resto de las actividades económicas relacionadas con el sector agropecuario.
Uno de los principales cuestionamientos de la entidad es la falta de avances significativos en el control estatal de palomas y cotorras. El informe sostiene que la preocupación atraviesa a distintos sectores de la cadena productiva chaqueña y considera que las acciones implementadas hasta el momento fueron prácticamente nulas.
La institución plantea que el manejo de estas poblaciones no debería quedar sujeto a iniciativas individuales de los productores. En cambio, propone una estrategia coordinada, con participación de los organismos públicos y criterios comunes de intervención.
El documento advierte que los esfuerzos aislados pueden resultar ineficientes y hasta generar consecuencias ambientales perjudiciales si no responden a una planificación adecuada.
La preocupación se vincula con la necesidad de proteger la producción sin recurrir a métodos desarticulados. Para la entidad, el problema requiere identificar las zonas más afectadas, establecer estrategias de control y destinar los recursos necesarios para llevar adelante las acciones.
El informe también señala que la provincia cuenta con herramientas legales para organizar una respuesta sanitaria. En particular, menciona la Ley Provincial 6837, que establece la creación de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE), reglamentada mediante el Decreto 204/12.
La normativa asigna al Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Agricultura, la responsabilidad de aplicar la ley y elaborar estrategias fitosanitarias, evaluar la situación sanitaria y desarrollar planes de acción.
Además, el artículo 5 establece que el organismo de aplicación puede declarar la emergencia sanitaria vegetal cuando considere que existe peligro para la producción agrícola provincial.
A partir de ese marco, la Bolsa de Comercio considera que los antecedentes disponibles justifican evaluar la utilización de los mecanismos previstos por la legislación.
El documento recuerda que el propio Ministerio de Producción había reconocido en noviembre de 2025 pérdidas de entre el 30% y el 60% de la producción por daños de palomas y cotorras. Para la entidad, ese antecedente constituye evidencia suficiente para analizar una eventual declaración de emergencia y la asignación de recursos para enfrentar el problema.
La BCCH plantea una serie de interrogantes sobre la implementación de las herramientas institucionales previstas por la normativa provincial: si se conformaron las comisiones zonales, si se identificaron adecuadamente las áreas afectadas, si se definieron estrategias y planes de acción y si se gestionaron los recursos necesarios.
El reclamo apunta a que el reconocimiento de las pérdidas no quede limitado a un diagnóstico. La entidad sostiene que los productores ya enfrentan riesgos climáticos y comerciales y que los daños provocados por las aves agregan otro factor de incertidumbre sobre sus resultados.
La estimación de más de $149.000 millones pone en evidencia que el problema excede el ámbito de cada establecimiento. Para el agro chaqueño, el desafío consiste en convertir las herramientas legales existentes en una política de manejo sanitario coordinada, con objetivos productivos y ambientales, que permita reducir las pérdidas y proteger la actividad agrícola provincial.
