Ex dirigentes de las entidades que constituyeron la Comisión de Enlace del 2008 expusieron sus posturas respecto a la nueva Ley de Semillas a través de un documento.
El documento, rubricado por Hugo Luis Biolcati y Luciano Miguens, por la Sociedad Rural Argentina; Mario Llambías, por Confederación Rural Argentina; Eduardo Buzzi, por Federación Agraria; y Carlos Garetto, por Coninagro, busca modificar la ley de 1973.
En el escrito, los ex titulares de las entidades manifestaron que la ley “debe tender a incentivar a las empresas para ofrecer al mercado semillas potencialmente mejores que al ser adoptadas por el productor generen una mayor y más eficiente producción”.
Asimismo, sostuvieron que la ley debe ser declarada de orden público, donde el Estado sea “el único certificador de nuestros granos y subproductos, tanto en el orden interno como en el externo”.
Por otro lado, remarcaron que se debe conservar el uso propio gratuito, el cual debe estar “limitado a la misma cantidad de semilla comprada” para proteger los derechos del productor y, de esa manera, “evitar el monopolio de las empresas semilleras, en las que se vislumbra una tendencia a la concentración cada vez mayor”.
En la misma línea, sugirieron que “la multiplicación de semillas con destino a mayor superficie de siembra pague un canon previamente determinado, vinculado razonablemente al cobrado en la venta de la semilla original”.