La cumbre del G20, a desarrollarse del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Buenos Aires, se espera con ansias en la industria local ligada al biodiésel, ya que el año pasado, tras un reclamo de los productores estadounidenses, el Departamento de Comercio de ese país comenzó una investigación que originó la imposición de fuertes aranceles al combustible. Como hasta 2016 el biodiesel argentino era el principal producto de exportación a los Estados Unidos y cubría el 20% de las necesidades del mercado, se aguarda un “gesto político” entre los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump que pueda acelerar las negociaciones para destrabar las exportaciones a Norteamérica.
Por el momento, entre los derechos antisubsidios y antidumping, hay una tasa efectiva cerca del 150%, que provoca que las alícuotas antisubsidios vayan de 71,45% a 72,28% y las del antidumping de 60,44% a 86,41%; un panorama completamente distinto al de años atrás, donde el biodiésel representaba ventas de alrededor de 1,5 millones de toneladas y 1.200 millones de dólares.
Existen dos caminos posibles para el gobierno norteamericano: ordenar al Departamento de Comercio a hacer un acuerdo veloz por precios y volumen, o dejar que transcurran los plazos legales del proceso. En este último caso, deberían pasar 272 días sin la certeza de que finalmente el resultado sea el esperado. “La expectativa es que Trump se incline por lo primero”, aseguraron desde la industria.
Si bien tras las sanciones el mercado del biodiésel iba a verse perjudicado por cinco años, el equipo de Macri presentó una solicitud de revisión que el Departamento de Comercio aceptó debido a que cambiaron algunas circunstancias, como el diferencial de retenciones entre la soja y sus subproductos –como el aceite, la materia prima para la transformación del biodiésel–, y aumentaron las retenciones al biocombustible. De pagar el 0% en diciembre pasado, el biodiésel pasó a tener un 15% de retenciones en 2018.
Aun así, Donnell Rehagen, director ejecutivo de la National Biodiesel Board (NBB), afirmó que el Departamento de Comercio no tiene ninguna base para iniciar esta revisión y que el inicio de la misma apenas unos meses después de descubrir que la Argentina se ha involucrado en prácticas comerciales desleales “crea una gran incertidumbre para nuestra industria”. Asimismo, la American Soybean Association (ASA) también se opone, debido a que su presidente, John Heisdorffer, sostiene que no hay ningún cambio para otorgar el beneficio de la revisión. “Nos preocupa que la decisión de revisar perturbe determinaciones bien fundadas”, remarcó.