Productores vitivinícolas y funcionarios mendocinos temen por la cosecha 2021. La provincia trabaja contrarreloj para encontrar la mano de obra que cubra la falta de trabajadores golondrina en las fincas. El temor a perder la asistencia social está entre los motivos que dificultan la inscripción al plan de capacitación para trabajar como cosechadores en la próxima vendimia.
De los diez mil puestos de empleo que se necesitan cubrir, con la convocatoria oficial sólo se llegó a la mitad. En efecto, el Programa Reinventa, lanzado hace un mes atrás, solamente cuenta con 5.000 inscriptos hasta el momento.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía de Mendoza, sólo 3.500 inscriptos cuentan con experiencia en fincas. En este sentido, el programa incluye talleres sobre todo tipo de cosecha, lo que le permitirá al trabajador asegurar su empleo durante varios meses.
Aunque suene increíble, el fracaso de la convocatoria para acceder a este trabajo formal reside en el temor de los desempleados a perder la asistencia social otorgada por el Gobierno Nacional. Bajo estas circunstancias, muchos aspirantes solicitan realizar las tareas por fuera de la legalidad, lo que conlleva un riesgo para todos los actores de la cadena vitivinícola.
A pesar de que la autorización para el ingreso de los trabajadores a la provincia continúa latente, los productores manifestaron su preocupación por la gran inversión que implicaría el cumplimiento de los estrictos protocolos.
Mientras se mantenga la imposibilidad de que lleguen los “golondrinas”, el Gobierno Provincial apunta a la mano de obra local. Para los interesados, la inscripción al programa continúa abierta.
En la ilegalidad
Según los datos de la industria, en condiciones normales, la mano de obra temporaria de la cosecha (39.000 trabajadores) proviene de las provincias del norte del país, principalmente de Salta y Tucumán.
Aún sin la pandemia de coronavirus, el problema de la registración atraviesa a toda la cadena vitivinícola: se estima que unas 19.000 personas trabajan en negro, lo que implica un desafío a superar, tanto para los productores como para las esferas estatales y las respectivas gobernaciones provinciales.
