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a mecánica es simple: por más moderno y avanzado que sean los vehículos, si el combustible no llega al carburador o a los inyectores, el motor falla. Si trasladamos esta analogía a la industria de bioetanol, si el combustible renovable no llega de la manera adecuada, en este caso con rentabilidad, el sector no arranca y sigue tironeando.
La delicada situación del clúster fue puesta sobre un banco de pruebas durante Teco 2020, un evento internacional organizado esta semana de manera virtual por la empresa danesa Novozymes, líder mundial en producción de enzimas para la elaboración de biocombustibles.
De la mesa de análisis participaron Julián Echazarreta, secretario de Agricultura de la Nación; Maggie Luz Videla Oporto, flamante subsecretaria de Hidrocarburos de la Nación; Eduardo Accastello, ministro de Industria de Córdoba, y Verónica Geese, exsecretaria de Energía de Santa Fe y cofundadora de la Liga Bioenergética de las provincias argentinas.
El encuentro fue moderado por el empresario Manuel Rom, presidente de Bio 4, la empresa de etanol de Río Cuarto que actualmente se encuentra paralizada por falta de rentabilidad.
En forma simultánea, y gracias a la virtualidad que impone la pandemia, otra mesa con referentes de Brasil analizó la situación del combustible renovable en ese país.
Sólo hizo falta escuchar unos minutos a los representantes brasileños para darse cuenta de que allí, donde la nafta se corta con el 27,5 por ciento de etanol, la actividad cuenta con reglas de juego claras, y que la iniciativa pública y privada va en la misma dirección.
Más allá del optimismo que genera el negocio, en la mesa argentina el diagnóstico fue todo lo contrario. Con plantas paradas por la falta de rentabilidad, la producción de bioetanol de maíz atraviesa una coyuntura de crisis y genera incertidumbre en la industria, que tiene a Córdoba como principal protagonista.
La falta de señales por parte del Estado, que a través de la Secretaría de Energía de la Nación regula los precios del combustible, es lo que más desconcierta a los empresarios.
La flamante subsecretaria de Hidrocarburos buscó llevar tranquilidad al admitir que el Gobierno trabaja en algunas soluciones y que pronto el sector tendrá designado un director de biocombustibles, cargo que está acéfalo desde hace un año.
Sin embargo, lo que más preocupa al sector son las señales políticas. Entre ellas, la prórroga por 48 meses de la actual Ley de Biocombustibles, que sirvió para desarrollar y promover la actividad, pero que necesita ser actualizada para corregir distorsiones y generar una nueva ola de inversiones. “No nos parece apropiado esperar cuatro años más para debatir una nueva ley”, aseguró Accastello durante su participación en la mesa, con lo que dejó firme la posición de Córdoba de no apoyar la prórroga de la actual ley, que ya tiene media sanción del Congreso.
Las críticas también vinieron desde Santa Fe. Verónica Geese, exsecretaria de Energía de Santa Fe, admitió que la industria de los biocombustibles no puede ser variable de ajuste de los funcionarios de turno. La provincia vecina acaba de sancionar una ley de estímulo a este tipo de combustibles renovables, lo mismo que ocurrió este miércoles en Córdoba. Sin embargo, el futuro de la industria se juega a nivel nacional, donde requiere de condiciones para volver a ser competitiva.
Desde 2012, la industria del bioetanol de maíz vino ganando en eficiencia, al generar cada vez más litros de combustible por tonelada de maíz procesada, conformar modelos de economía circular y reducir de manera significativa las emisiones de carbono. Hoy estos logros están en peligro, afirman los empresarios.
El motor de la actividad, que podría llegar a funcionar de manera más competitiva y con mucha más producción del combustible verde, tiene una falla que requiere de entendidos para su solución. Según Geese, la reparación vendrá sólo por el lado del consenso y del conocimiento.
Agrovoz
