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La norma, elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, propone declarar de interés público la agricultura familiar e indígena y la creación de un Consejo Asesor y un Banco de Semillas, entre otras medidas. Los beneficios de esta iniciativa están dirigidos a quienes generan el 70% de los alimentos de los cordobeses.
El proyecto es el resultado de una investigación de más de dos años de trabajo de campo para un desarrollo productivo integral y plural de las áreas rurales, urbanas y del cinturón verde hortícola y avícola. La normativa fue trabajada de manera consensuada por referentes de distintas fuerzas políticas que integran la Comisión, y con aval y participación del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Producción Agropecuaria Familiar, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Políticas y Estrategias en Ciencias, Tecnología y Sociedad de la Provincia.
Desde la Dirección de Producción Agropecuaria Familiar aseguraron que esta economía es un actor principal que moviliza el comercio y la producción local que muchas veces queda relegado por las producciones de la ciudad; sin embargo, hay un cordón que son los proveedores de alimentos de las grandes ciudades. “La agricultura familiar representa el 70% de los alimentos que van a la mesa de las familias cordobesas”, argumentó Mariana Victoria, directora de Producción Agropecuaria Familiar. La norma cuenta con particularidades que ponen en valor a la agricultura, como beneficios de accesibilidad, financiamiento, divulgación, innovación, educación, asistencia técnica territorial, ciencia y tecnología.
El mismo adhiere a la Ley Nacional Nº 27.118 -Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina-, declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena; crea el Consejo Asesor con Participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Registro Provincial de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Servicio Provincial de Extensión Rural, y un Banco de Semillas en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería; y promueve el arraigo rural.
Estará integrado por organizaciones territoriales, cooperativas, asociaciones y entidades que se encuentren compuestas por agricultores familiares, campesinos e indígenas; comunidades de pueblos originarios; representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, y de todas las universidades de la Provincia, el INTA, el INTI, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, el INAI, el Senasa; y colegios profesionales vinculados a la temática. Sus funciones serán cumplidas ad-honorem.
Se dictarán capacitaciones a agricultores familiares, campesinos e indígenas con el fin de cumplir con los objetivos de la Ley, y también a técnicos y profesionales, para fomentar la equidad de género y el trabajo con jóvenes y pueblos originarios, así como la formación técnica y capacitación en el área rural.
El Ministerio de Agricultura será el encargado de llevar a cabo acciones inmediatas para el acceso a la tierra de los agricultores familiares, campesinos e indígenas, considerando a la tierra como un bien social, mediante la articulación con organismos competentes nacionales, provinciales y municipales.
Lo novedoso de esta iniciativa es la mirada integral de la agricultura familiar que propone, dado que contempla la producción y el desarrollo de la vida comunitaria en todos sus aspectos: acceso a la infraestructura, agua, tecnología y tierra.
La provincia de Córdoba cuenta con una gran variedad productiva: en la zona norte y oeste se desarrollan producciones caprinas para consumo y se incorpora valor agregado con la elaboración que quesos y leche. Por otro lado, la provincia cuenta con un gran desarrollo de apicultores, producciones bovinas y ovinas, artesanías, alfarería y subproductos de cueros. “En la diversidad productiva se garantiza la asistencia alimentaria de cada familia, con un plus, que es el valor agregado que permite un ingreso mayor”, sostuvo la directora de Producción Agropecuaria Familiar.
