El descarte pesquero es la cara visible de un déficit de manejo mucho mayor

a pesca debe ser una actividad desarrollada sustentablemente. Así lo establece el artículo 1º del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), cuando dice que la Nación Argentina fomentará “el máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera”, con el objetivo de asegurar “la conservación a largo plazo de los recursos”. Y detalla aún más, en su artículo 21, al apuntar que está?expresamente prohibido arrojar descartes y desperdicios al mar, en contra de prácticas de pesca?responsables.

Sin embargo, y de acuerdo a los últimos informes de evaluación disponibles realizados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), cada año la industria pesquera descarta más de 110.000 toneladas de merluza en buen estado que son devueltas sin vida al mar, lo que nos obliga a reflexionar y expone con crudeza una realidad de la industria pesquera argentina: muchas veces lo que ocurre en alta mar queda en alta mar, fuera del alcance del conocimiento público.

En este contexto, y considerando la situación de la industria pesquera argentina, es claro que la ley de pesca prohíbe el descarte y que el Estado no está solucionando el problema y por lo tanto está avalando una pesca ilegal, al permitir un uso irracional del patrimonio natural, que genera impactos directos sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Y a pesar de que estos registros podrían sufrir variaciones en las estimaciones de este año, estos valores reflejan un déficit de manejo histórico en la industria pesquera, que pone en riesgo los recursos pesqueros del país y a la vez refleja un desperdicio de alimentos. Esto demuestra que el descarte de merluza es la cara visible de un problema mucho mayor: presenta un grave problema biológico, pone en riesgo la conservación a largo plazo de los ecosistemas marinos y avala una pesca ilegal.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), estima que alrededor del 33.1% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas y el 60% se está pescando hasta su límite biológicamente sostenible. Sin dudas, esto pronostica que la práctica de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una de las mayores amenazas globales para los ecosistemas marinos, así como para las iniciativas destinadas a la conservación de la biodiversidad marina. Tirar alimento al mar de esta manera demuestra también la falta de ética detrás de estas prácticas, en una situación social mundial en la que falta comida para muchos sectores.

Esta práctica de devolver al mar sin vida los ejemplares obtenidos porque no se van a comercializar, ya sea porque son de menor tamaño o menor valor comercial (lo que ocurre en varias pesquerías argentinas, pero que se ha documentado tanto en la pesquería de merluza como en la de langostino) demuestra que la forma en que producimos y consumimos los alimentos está llevando al planeta a su punto límite.

En nuestro país, estas prácticas habituales en la pesca marítima que involucran una diversidad de actores con distinto grado de responsabilidad (autoridades, empresas, capitanes y tripulantes), evidencian de manera concreta cómo la falta de inclusión del componente ambiental en los modelos de desarrollo nos lleva inexorablemente a “comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”, transformándolo meramente en una transferencia de recursos.

La realidad actual nos ha dado evidencias de que un ecosistema saludable, bien manejado, es beneficioso para todos. Hasta ahora, los servicios obtenidos de la naturaleza han sido generados por un modelo de crecimiento que considera los recursos naturales como infinitos. Las actividades humanas y la sobreexplotación de los recursos afectan a los ecosistemas, su funcionamiento y a todas las especies asociadas, lo cual nos lleva a una reflexión urgente: la variable ambiental debe ser incluida en el desarrollo de un modelo económico y productivo, que tenga en cuenta a la naturaleza y a las personas, para que sea justo y sostenible en el tiempo. Y en este punto es clave que, para evitar seguir cometiendo los mismos errores, nos preguntemos cómo hacerlo y revisemos los actuales esquemas productivos. La reactivación económica no puede ser a cualquier costo; existen otras formas de producir y es momento de redefinirlas.

Debemos comprender la necesidad y urgencia de un cambio efectivo, porque la situación actual nos muestra que la ley prohíbe el descarte y no existen medidas efectivas concretas para mitigarlo, prevalece una cultura por parte del sector que naturaliza el descarte y fomenta la pesca ilegal, No Documentada y No Regulada (INDNR), y hay mercados importantes para nuestras exportaciones (Unión Europea, Estados Unidos y Japón por citar algunos) que tienen políticas activas en contra de la pesca INDNR.

Es importante iniciar el diálogo con todos los sectores involucrados, para buscar alternativas sustentables que permitan compatibilizar la producción con la conservación de los ambientes naturales. Necesitamos con urgencia un profundo cambio cultural y sistémico, que hasta ahora no conseguimos alcanzar: la transición hacia una sociedad y un sistema económico que valore la naturaleza, para avanzar hacia una transformación del sector pesquero y lograr una sustentabilidad ambiental, social y económica.

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