Córdoba tiene por ley el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas, que la coloca como pionera en una propuesta sin antecedentes en el país: producir cuidando los recursos e incentivando a trabajar lo mejor posible.
El objetivo del programa es contar con una política agroalimentaria que contribuye al desarrollo sostenible, promoviendo su adopción por parte de los productores agropecuarios e instrumentando para ello un sistema de incentivos.
La ley respalda además un programa ya existente, que reparte $130 millones anuales no reintegrables que alcanza para 300 productores, el 70% de los cuales no son dueños de los campos.
Las buenas prácticas se definen como “el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad de producto, la protección del ambiente y del personal involucrado, con el fin de propender al desarrollo sostenible”.
El sistema incluye dos aportes económicos no reintegrables del Ejecutivo, uno dirigido a todos los productores que desarrollen actividades bajo estas características y el otro destinado a instituciones, entidades y organizaciones que colaboren y participen en la implementación, difusión, ejecución, promoción y desarrollo del programa.