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on el objeto de tipificar la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva la diputada nacional María Fernanda Vallejos (Frente de Todos, provincia de Buenos Aires) presentó un proyecto de Ley que apunta a preservar el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies. La pesca ilegal se produce desde las Islas Malvinas hasta el Atlántico Sudoccidental, que implica la presencia de más de 300 buques extranjeros que llegaron a capturar hasta 800.000 toneladas de recursos pesqueros (merluza, calamar, entre otras especies) fuera de la plataforma argentina y libres de control, según un informe privado.
Además, en otro proyecto la diputada pide al Ejecutivo la instalación de radares para controlar y vigilar el tráfico irregular de los barcos.
El proyecto de la legisladora establece en la reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero – marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.
La iniciativa modifica el Artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal.
Entre los delitos, contempló la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.
De este modo, se busca evitar la pesca ilegal que se realiza en Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales.
Con la medida legislativa, se busca, además, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental.
China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos, indicó el proyecto.
Las capturas se efectúan, mu has veces fuera de la plataforma marítima argentina, sobre el límite y libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras).
Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre U$S 1.000 y U$S 2.000 millones al año, según estimaciones de esta organización civil.
En distintos foros desde la década del noventa se promueve el combate contra la pesca ilegal. Por caso, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR).
Sin embargo, después de casi treinta años, casi todos los países que pescan a distancia siguen efectuando pesca ilegal. Así lo indicó un informe elaborado por el experto en pesca César Lerena.
Por otro lado, el proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27.564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020, cuando modificó el régimen federal de pesca e introdujo aumentos en las multas por pesca ilegal. “Resulta conveniente contar con mayores medios necesarios para el control debiendo decomisar el buque y las materias primas”, sostuvo la iniciativa.
A su vez, la medida destacó una serie de disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), que establecen que los Estados ribereños deberán determinar la captura permisible en su ZEE, asegurar la preservación de las especies, que no haya exceso de explotación y garantizar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.
El proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27.564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020
En otras partes del mundo existen medidas o documentos contra la pesca ilegal y sus implicancias para el ecosistema y la economía.
El segundo proyecto (de resolución) de Vallejos en materia de pesca pide al Ejecutivo Nacional la instalación de radares para la “vigilancia y control” del tráfico irregular de los barcos en la ZEE del país.
Solicitó que “a través de los organismos competentes en la materia, disponga la instalación de equipos de radarización con las especificaciones técnicas adecuadas para la vigilancia y control estricto de la navegación, tráfico irregular o ilícito, pesca en el espacio marítimo de superficie, submarino y aéreo de la Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur a efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos”.
Detalló asimismo que en el millón de km2 de ZEE, en 2004 operaban 95 barcos ilegales, mientras que hoy aumentó a alrededor de 500 los barcos piratas con el trasponder de identificación-localización silenciado.
Durante el día, estos navegan en la milla 201, en aguas internacionales, y de noche se cuelan en la ZEE argentina. Están siempre ocultos por la curvatura terrestre, salvo para las pocas patrullas navales o aéreas de la Armada o de la Prefectura Naval Argentina.
Los proyectos cuentan con la adhesión de diecinueve diputados del Frente de Todos: Carolina Yutrovic, Aldo Leiva, María Jimena Lopez, Graciela Landriscini, Liliana Schwindt, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Alicia Aparicio Rosa Muñoz, Mabel Caparrós, Claudia Ormachea, Lía Caliva, Alejandra Obeid, María Rosa Martinez, Marcelo Koenig, Claudia Bernazza, Héctor Fernandez, Nancy Sand y Ayelén Sposito.
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