Casi sin desearlo, el pequeño pueblo francés de apenas 600 habitantes llamado Langouët, se posicionó en la escena ecológica mundial debido a que en mayo su alcalde, Daniel Cueff, vetó el uso de pesticidas dentro de un radio de 150 metros cerca de cualquier vivienda. Si bien la medida se enmarcaba dentro de las políticas del presidente Emmanuel Macron de proteger a la población de la aplicación de insecticidas y fue apoyada por un buen número de grupos ambientalistas y ciudadanos, el hombre fue amonestado y llevado a tribunal por el Estado galo, que expresó públicamente que ni él ni nadie tiene derecho a prohibir el uso de estos químicos en Francia.
Para manifestar su aliento al alcalde, los pobladores de Langouët tapizaron varios espacios con letreros con palabras de aliento, alegando de manera clara y precisa que están agradecidos de que haya tratado de protegerlos. En el momento que Cueff se hizo presente ante el tribunal de Rennes, alrededor de mil personas (más de los habitantes de la ciudad), se mostraron en las puertas del lugar dispuestas a aplaudirlo.
“¿Acaso no es deber del alcalde compensar las deficiencias del Estado? Francia votó por la directiva europea de proteger a la población de los pesticidas y no lo está haciendo. No quiero ser acusado por no ayudar a la gente que está en peligro”, señaló ante las autoridades.
Luego de un verano abrasador con temperaturas que superaron los 44 grados, Cueff recalcó que hay muy pocos políticos que están tomando las medidas necesarias para hacerle frente a la crisis. Aunque Macron en un principio se postró junto a él, también indicó que a pesar de apoyar sus intenciones, no puede estar de acuerdo con si no respeta la ley. “En la política no se trata de las intenciones, sino de las prácticas”, respondió el líder de Langouët.
La acción de Cueff fue desarrollada el 18 de mayo, aunque recién a fines de agosto un juez invalidó su veto después de que el gobierno central argumentara que no era válido. Asimismo, recientemente hubo jurados estadounidenses que detallaron una serie de veredictos en contra de la empresa Monsanto, cuyo herbicida Roundup contiene sustancias cancerígenas.
Por otra parte, pruebas realizadas sobre la orina de ciudadanos de Langouët demostraron niveles de glifosato –uno de los pesticidas más utilizados a nivel global, que constituye uno de los ingredientes principales del Roundup- que superan treinta veces el límite de lo recomendado. También se observó que quienes presentan las cifras más altas son niños.
“Estamos impactados. Es atemorizante. El alcalde nos dijo que iba a tratar de encontrar una solución. Tenemos que cuestionar este tipo de agricultura”, admitió Heélène Heuré, bibliotecaria local, madre de dos chicos.
Cueff asegura que no entiende por qué el Estado prohibió en 2017 el uso de glifosato en municipios, pero siguió permitiendo su uso en granjas cercanas a pueblos pequeños.
El alcalde de Boussières, Bertrand Astic, dijo que Evidentemente hay un problema y que los productos son o no son tóxicos. Este político también prohibió el uso de glifosato y ya hay quienes lo miran con malos ojos.
“Los alcaldes rurales enfrentamos un verdadero deterioro en nuestro medioambiente. Los árboles están muriendo, la población de insectos está en caída libre. Hemos tenido tres sequías consecutivas. La crisis climática está sucediendo ante nosotros”, agregó Cueff.
El político de Langouët se exhibe con confianza debido a que sabe que la mayor parte de la opinión pública está de su lado. “Hace veinte años estábamos un poco solos y pensaban que exagerábamos. Hoy es al revés. La gente viene conmigo y me pregunta si puede hacer más”, concluyó.