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a industria de los biocombustibles es una de las más golpeadas por la pandemia de coronavirus. Con la demanda desplomada a causa de las medidas tomadas para contrarrestar los efectos del COVID-19 y la caída de los precios internacionales, las inversiones se encuentran paralizadas.
En este escenario crítico, las pymes reclaman la actualización del precio de comercialización y solicitan la prórroga de la Ley 26.093 como un salvavidas para la regulación del sector energético.
El impacto del COVID-19 se hizo sentir en la industria de los biocombustibles, una de las más afectadas por la pandemia. Con una caída en la demanda del 50%, precios congelados desde diciembre de 2019 y costos dolarizados, las pymes abastecedoras del mercado interno de biodiésel se encuentran en “terapia intensiva”. “El sector está a días de paralizarse. Los precios no dan. En el contexto que estamos viviendo, el precio no se corrige desde diciembre del año pasado”, expresa Francisco Jáuregui,director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB).
Con él coincide el exsecretario de Energía y director del Instituto Mosconi, Jorge Lapeña. “La caída es muy importante, porque la cuarentena deja a la gente en las casas y deprime la economía, no solo de Argentina, de todo el mundo. Entonces, tenés una depresión muy importante en el mercado del crudo y del gas natural. Y esto es lo que lleva a la caída de la producción, de la demanda y de los precios. Dicha caída está potenciada por las desavenencias de la OPEP, que generaron una baja más abrupta de los valores”, explica.
“La realidad del productor pyme local no es ajena a la realidad que se está viviendo. En particular, nuestro segmento está golpeado porque se basa en la fórmula que determina el precio de venta y ese precio está congelado desde diciembre del año pasado y nuestros costos están principalmente dolarizados”, aclara Jáuregui.
Cabe recordar que, en marzo de 2019, el por entonces secretario de energía, Gustavo Lopetegui, había modificado la fórmula de cálculo de manera inconsulta, dando como resultado un valor que las empresas rechazaron ante su insuficiencia para cubrir los costos. Desde el inicio de la nueva gestión de Alberto Fernández, el precio se encuentra congelado.
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A la pérdida de rentabilidad del sector se suma la caducidad de la Ley 26.093, reguladora de la industria de biocombustibles. La vigencia de este marco normativo finaliza en mayo del 2021, una alarma para las empresas productoras abocadas al mercado interno.
“Son treinta empresas radicadas a lo largo y ancho del país en donde nunca antes hubo industria, generando valor agregado a la cadena sojera y empleo calificado. Si esta ley deja de existir o el precio no se corrige de manera urgente, las pymes no pueden sobrevivir”, advierte el director de CEPREB.
En la misma línea, el sector alerta sobre el efecto en toda la cadena de pequeñas aceiteras y en industrias indirectas como la metalmecánica, impactando de lleno en las economías regionales.
En términos de competitividad productiva, la calidad del biocombustible aplicada en el país se rige bajo estándares internacionales. En este sentido, la eficiencia de las productoras se da como resultado de inversiones en laboratorios por un millón de dólares y en tecnología por US$10 millones por pyme.
El mayor desafío se encuentra en la cadena logística, cumpliendo con el objetivo político de la federalización de la producción industrial. “La descentralización conlleva a una ineficiencia logística. No confundamos pymes con ineficiencia”, concluye Jáuregui.
