España aprueba las normas transitorias de la PAC con medidas para avanzar hacia la convergencia

a ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo, la aprobación de estas disposiciones, para garantizar un marco legal estable y cubrir la transición hasta la entrada en vigor de la reforma de la PAC, en 2023.

Montero ha señalado que con esta decisión los agricultores y ganaderos tendrán estabilidad durante el bienio 2021-2022 y podrán percibir los pagos de la PAC, que ha cifrado en 7.200 millones de euros anuales, lo que también atañe a los programas de desarrollo rural.

En el caso de las ayudas directas, en 2021 se podrán abonar 4.860 millones de euros, que recibirán unos 680.000 productores, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Entre las medidas del decreto, figura un avance hacia la llamada “convergencia” entre las regiones, es decir, en la aproximación entre los distintos importes de los derechos de pago que tiene cada agricultor para acercarlos hacia un montante medio, según ha detallado el MAPA en un comunicado.

Con esta normativa, el Gobierno quiere prestar una atención “especial a los jóvenes” y a la fijación de población en el territorio rural, para que resulte “atractivo” a las nuevas generaciones y “no se produzcan movimientos no deseados a las ciudades”, ha afirmado Montero.

Para ello, el decreto prevé ayudas y una simplificación administrativa, de acuerdo con Montero, quien ha remarcado que contribuirá “a una transición razonable entre los dos modelos de la PAC” en España.

Las instituciones de la UE continúan la negociación sobre la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023.

Adaptaciones en los derechos de pago

Con la normativa, “se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual”, según el Ministerio.

En este sentido, el MAPA ha señalado que dentro del régimen de pago básico, que se abona según un sistema de derechos agrupados en 50 regiones distintas, la normativa “continúa con la convergencia relativa” del valor de todos los derechos de cada región hacia un importe medio.

Según el Ministerio, el objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, principal ayuda a la renta de los productores.

“Esta convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la que se inició en 2015 y que el Ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años”, de acuerdo con el MAPA.

El Ministerio ha argumentado que la Comisión Europea (CE) recomendó a España la necesidad de avanzar hacia una distribución “más equitativa” de las ayudas y “no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años”.

Asimismo, ha recordado que el 1 de febrero se abrirá el plazo para presentar la solicitud única de ayuda.

El real decreto flexibiliza las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez.

También penaliza la recolección mecánica nocturna en plantaciones intensivas de cultivos permanentes en seto de porte alto, denso follaje, y en los que aniden o pernocten aves, con objeto de protegerlas durante la época de cría y reproducción.

Reacciones desde Asaja y UPA

La organización agraria Asaja ve “premura” en la aprobación del Real Decreto porque “ha impedido a los agricultores planificar sus cosechas”, lo que “les acarreará recortes en las ayudas desde esta misma campaña”.

“Sin haber tenido acceso de forma oficial” al contenido del Real Decreto “todo apunta” a que el texto aprobado “no ha tenido en cuenta ni las demandas planteadas por Asaja, ni las del resto del sector agrario, como tampoco las observaciones de distintas comunidades autónomas, reclamando una transición real y moderada durante estos dos años antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023”, según ha especificado en un comunicado.

La organización había pedido una transición “más moderada y real” hacía el nuevo modelo, “con el fin de evitar más problemas económicos a las ya maltrechas economías” de los productores. 

UPA, en cambio, ha valorado la aprobación de esta normativa porque “da certezas” a los productores “en cuanto a presupuesto disponible y a reglas que seguir”.

Se trata de la adaptación del Reglamento Europeo aprobado en diciembre pasado, según ha indicado UPA en un comunicado.

Respecto a la convergencia aprobada, UPA ha considerado que puede tener efectos para “algunos agricultores y ganaderos” que tienen derechos de pago básico “con un valor alto y que verán cómo ese importe se reduce hacia la media de su región”.

“No disponemos de datos para cuantificar ese impacto y pedimos que no se genere intranquilidad en el sector de forma intencionada”, han añadido las mismas fuentes.

Andalucía reacciona

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha avanzado que la Junta agotará todas las posibilidades y “estrechará la interlocución con Portugal, que ostenta la presidencia de la UE”, para que el Gobierno español retire su decreto de transición de ayudas directas de la PAC 2021-2022.

Para la consejera supone un “perjuicio sobre los agricultores y ganaderos andaluces”.

Crespo ha denunciado que dicho decreto “acelera un cambio radical” en la convergencia de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que “castiga al buen agricultor” y ha asegurado que no hay razones objetivas para llevarlo a cabo de forma “brusca” como hace el Ministerio de Agricultura salvo que sean “razones políticas o territoriales”.

Ha asegurado que Andalucía “no tiene ningún privilegio” con las ayudas de la PAC y, de hecho, ha apuntado que de media los pagos que reciben un agricultor en España son de 6.500 euros anuales y en Andalucía son 5.000 euros.

Por su parte, las organizaciones agrarias andaluzas  han expresado su rechazo al decreto de Convergencia y anuncian manifestaciones “contundentes” cuando la pandemia lo permita.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han denunciado que esta norma es “muy dañina” para el modelo social y profesional de la agricultura y que se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, “con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato.

Por ello, anuncian “contundentes movilizaciones” para revertir la situación cuando la pandemia lo permita.

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