n el marco de la intervención de Vicentin por parte del Gobierno, el Banco Nación y gremios del sector realizaron una presentación judicial exigiendo que la empresa presente el balance de 2019. Esto sucede luego del reclamo de Luciano Zarich, uno de los exinterventores asignados por Alberto Fernández, al juez a cargo del concurso, Fabián Lorenzini.
En un reporte realizado por técnicos para la entidad bancaria, que fue presentado la semana pasada, se hace hincapié en la fuerte caída en los activos de la compañía. En concreto, de acuerdo al estudio de Alejandro Gaggero y Gustavo García, los bienes de cambio –stock de materias primas, bienes terminados y semielaborados– pasaron de US$714.326.000 en julio del año pasado a US$10.015.251 en febrero de 2020.
Asimismo, el reporte establece que, en el mismo período de tiempo, los créditos por ventas pasaron de US$252.662.000 a US$70.403.446. Además, hubo un fuerte aumento de las deudas comerciales, ya que se pasó de US$ 107.246.000 a US$549.587.637.
“Los activos correspondientes a los créditos por ventas y los bienes de cambio tuvieron una variación negativa por US$886 millones entre julio de 2019 y febrero de 2020; del mismo modo, los pasivos comerciales aumentaron en US$442 millones en igual período de tiempo. De esta forma, estos movimientos dieron cuenta de un deterioro patrimonial por US$1.328 millones. Desde ya, esta variación resultó ser inexplicable dado que ante tal aumento de las deudas debieran ser correspondidos por aumentos de los mencionados activos”, sostiene el informe.
Por otro lado, la Sindicatura presentó un reporte el 7 de julio también dirigido al juez Lorenzini, donde se aborda el cumplimiento de obligaciones de la firma, los contratos a fasón para otras empresas, y cómo hizo para seguir con compromisos para exportar a través de otra compañía cuando la AFIP le cerró la oportunidad.
En dicho informe, elaborado por los síndicos Ernesto García y Carlos Amut, se deja en claro que, pese a haberlo solicitado en reiteradas oportunidades, no pudieron acceder al balance de 2019 y que les dijeron que se halla “en proceso de cierre”. De acuerdo a los analistas, el acceso al balance es fundamental para saber por qué cayó en default Vicentin en diciembre del año pasado y después fue a concurso con una deuda declarada por cerca de cien mil millones de pesos.
Las firmas en concursos preventivos “ofrecen notorios altibajos fundamentalmente por la inexistencia de capital de trabajo”, explican los síndicos en el reporte. No obstante, advierten que, en dirección opuesta a esa tendencia, en el caso de Vicentin “la Sociedad ha seguido operativa y gestionando sus actividades, con algunas limitaciones propias de las circunstancias atravesadas”, como “la disminución de entrega de cereales por parte de muchos productores, ahora acreedores denunciados en el concurso preventivo”.
Asimismo, detallan que la planta que la cerealera posee en Avellaneda está operativa, a la vez que indican que los contratos a fasón han permitido tener fondos. “Muchas de las actividades han requerido una adecuación a fin de consolidar un flujo de fondos que asegure la financiación de las actividades presentes y que permitan aspirar a su paulatino incremento”, afirman.
Algunos de los contratos a fasón mencionados en el reporte involucran a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), para el acopio de granos y procesamiento; a la Oleagionsa Moreno, para el almacenaje de granos; a Díaz & Forti, para elevación, descarga y almacenaje; y a la Unión Agrícola Avellaneda, para depósito de granos.
Los sindícos también remarcan que el 30 de junio “compareció al expediente la sociedad YPF SA a través de su apoderado e informó que efectuará un pago en favor de la concursada por la suma de $1.473.527,55. Según manifiesta, el pago corresponde a un reintegro por un pago efectuado por error el 31/1/2020 y será acreditado en la cuenta bancaria de la concursada abierta en el Banco Mariva”.
Cuando se presentó al concurso de acreedores, la compañía fue suspendida por la AFIP para exportar, medida que luego fue revocada por el juez Lorenzini. De acuerdo al informe de los síndicos, Vicentin “reformuló su esquema de negocios y redireccionó sus exportaciones a través de la sociedad contralada Oleaginosa San Lorenzo SA a fin de cumplimentar con los compromisos asumidos previamente”.
Luego de este informe, el juez le solicitó a la Sindicatura que exija de inmediato la información no aportada por la empresa, en referencia al balance de 2019.