Ley de Góndolas, un dictamen que divide las aguas

La Ley de Góndolas, aprobada por la Cámara de Diputados durante la semana pasada –que entre sus propuestas establece un tope de espacio del 30% de góndola por marca–, es resistida por algunas empresas y parte del sector supermercadista e industrial, ya que alegan que atenta contra muchos de los principios que pretende defender. Según plantean, el proyecto no mejoraría la oferta ni bajaría los precios y podría reducir notablemente la generación de empleo.

El dictamen busca reducir el valor de los productos de consumo masivo y ofrecerles a los consumidores mayor cantidad de bienes a un precio más accesible, garantizando el acceso ilimitado de todos los productores a la góndola, ya sean grandes compañías, pymes o firmas con sello de agricultura familiar o pueblos originarios. No obstante, los representantes del sector aseguran que detrás de sus buenas intenciones, perjudicaría el desarrollo de inversiones y la protección de la empleabilidad.

Entre sus principales puntos, la ley promueve:

- Un tope del 30% del espacio disponible en góndolas por marca para todas las categorías de producto comercializadas.

- Prohíbe el alquiler de espacios preferenciales en góndolas y establece un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola.

- Debe haber al menos un 25% de espacio disponible para productos de características similares y diferente marca, para la exhibición de artículos elaborados por micro y pequeñas empresas inscriptas en el registro de “Mi PYMES” y/o el Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF); más un 5% adicional para productos generados por la agricultura familiar, campesina, indígena o de sectores de la economía popular.

- Otorgar mayor visibilidad a productos de menor valor en las góndolas, ubicándolos a una altitud equidistante entre el primer y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que las ofertas más económicas se publiquen en la primera visualización.

- En relación a las islas de exhibición y exhibidores cercanos a las cajas, deberán presentar al menos un 50% de artículos elaborados por empresas de “Mi PYMES” y el RENAF.

- Propone controles estrictos para no demorar el pago a proveedores (60 días) y un código de buenas prácticas para la distribución mayorista y minorista.

Algunos supermercados y proveedores sostienen que lejos de impulsar una baja en los precios, podría tener un efecto inverso, al implicar mayores costos operativos. Además, alertan que se pondrían en jaque entre cinco y siete mil puestos de empleo, debido al impacto en los costos de rentabilidad empresaria.

“No descartamos ir a la Justicia. Si este proyecto sale, solo alcanzaría a las grandes cadenas de supermercado, que juntas representamos el 30% de la venta de alimentos y bebidas. Dejaría afuera al otro 70%, en un claro ejemplo de discriminación”, expresó un representante de una cadena alcanzada por el dictamen.

Desde otros supermercados, explican que de aprobarse en el Senado, los precios podrían incrementar entre un 10 y 20%, porque aumentarían los costos de reposición para los productos de mayor demanda que por ley no podrían ocupar más del 30% del espacio disponible.

“Estamos impulsando la incorporación de pymes a nuestra lista de proveedores, pero no se puede hacer de un día para el otro. Así nos pasó con la crisis de SanCor hace un par de años. En ese momento, nos contactamos con el Gobierno cordobés para que nos presentara a los potenciales proveedores lácteos que reemplazarían el lugar que había dejado disponible la empresa. Nos dieron una lista de 38 pymes, pero solo pudimos incorporar dos firmas porque el resto no cumplía con los estándares de calidad que tenemos en la cadena”, alegaron desde Wallmart Argentina.

Dentro de la industria, el sentimiento es similar. “El texto sancionado es impracticable porque por más buena voluntad que haya, no alcanza para solucionar los problemas que tienen las pymes cuando quieren acceder a un supermercado, como los costos de reposición y los problemas de distribución. Además, es muy difícil de implementar: tendría que haber un escribano en cada góndola”, subrayó Martín Cabrales, de Café Cabrales.

El CEO de AmCham, la cadena de comercio que reúne a las empresas norteamericanas que operan en nuestro país, Alejandro Díaz, divulgó una carta donde opina que la norma pondría en peligro varios  acuerdos internacionales.

“La sanción generará en el ambiente de negocios de la Argentina una situación de intromisión que atenta lisa y llanamente contra la libre oferta y provisión de bienes. El proyecto  no solo perjudica algunas garantías básicas como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad –todas ellas consagradas en nuestra Carta Magna-, sino que también abre la puerta a controversias nacionales por ir contra aquello a lo que la República Argentina se ha obligado en tratados internacionales de jerarquía constitucional, que ordenan la relación de nuestro Estado con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Mercosur, resguardo del principio de ‘igualdad de trato’ para mercancías importadas respecto a las producidas en el país”, narra.

Desde el sector suponen que detrás de la iniciativa hay intenciones por parte del nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre. “No hay que descartar que la nueva gestión utilice la amenaza de avanzar con este proyecto para negociar el acuerdo de los precios que se vienen”, alegó un empresario anónimo.

Una de las grandes objeciones es que no es una herramienta adecuada para combatir la supuesta concentración. En este sentido, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), anticipan que esta clase de proyectos impone una limitación que va en contra de la competencia entre empresas y la ampliación de oferta.

“Para combatir la concentración están las leyes de Defensa al Consumidor, Competencia y Lealtad Comercial, que son instrumentos más apropiados. La supuesta concentración no se resuelve reglamentando la góndola de las trece cadenas que según el artículo 3 de la ley son alcanzadas por la norma. Estas cadenas representan sólo el 30% del volumen y el 26% de la facturación en las ochenta categorías de más peso”, estipula el organismo.

La carta de AmCham

El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, publicó una carta a nombre de la cámara de comercio que reúne a las empresas norteamericanas que operan en el país, donde destaca las consecuencias más alarmantes de la medida:

1) Impacto en la disponibilidad del producto: tener un tope del 30% de participación en la góndola generaría una menor demanda de repositores por la necesidad de cubrir una superficie menor. Asimismo, supondría una dificultad para reponer en tiempo y forma provocando desabastecimiento de productos y quiebres de stock, lo que aumentaría el precio y la reducción de la disponibilidad de producto en góndola por tener menos espacio los de mayor demanda y rotación.

Una propuesta viable podría ser quitar la regla de exhibición del 30% para productos de un mismo fabricante y otorgar un espacio garantizado para pymes y otros proveedores que se quieran proteger.

2) Impacto en costos: una mayor reposición implicaría un aumento en el costo de la mano de obra por reposición. Los supermercados tendrían que agregar el costo por fiscalizar el cumplimiento de la norma y se verían afectados por la caída en la demanda, producto del desabastecimiento y la baja en los volúmenes por la menor cantidad de activaciones.

3) Impacto en la transparencia de precios: como la norma sostiene que los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primer y último estante, ubicarlos así no incentivaría a que las compañías agreguen valor o sofisticación a sus productos.

Una alternativa para esto, sería que la ley obligara a identificar cada producto con su precio correspondiente y colocar una cartelería de color diferente o mayor tamaño que haga alarma del precio menor.

4) Impacto en la innovación: poner un límite del 30% dentro de la misma categoría por empresa desincentivaría el lanzamiento de nuevas innovaciones y el desarrollo de variedades dentro de la categoría.

5) Otros efectos resultantes:

- Pérdida estimada de entre cinco y siete mil puestos de trabajo.

- Aumento de costos laborales del orden del 20%.

- Suba de precios de venta de consumo masivo de entre el 10 y el 20%.

- Revisión de inversiones.

- Evolución de modelos de negocio que atentan contra la empleabilidad y la fabricación de productos en la Argentina.

- Aumento de la informalidad.

- Pone en riesgo la cadena de comercialización que abastece al 70% del mercado.

“Para poner en marca una solución en línea con las buenas prácticas aceptadas globalmente, es necesario resaltar que muchos mercados promueven la autorregulación de las relaciones de consumo de esta cadena de valor y la firma de acuerdos de buenas prácticas entre supermercados y proveedores, dejando en manos del sector privado la optimización del funcionamiento del sector, en base a las prácticas que ellos mismos conocen. Iniciativas como estas, son el perfecto complemento para leyes como la de Defensa a la Competencia, Protección al Consumidor y Competencia Desleal. Es importante que nuestros legisladores estudien las consecuencias negativas que este proyecto traería sobre los consumidores, el empleo, las empresas y el país; y articule un proyecto que logre el fin pretendido”, concluyó.