Las consecuencias de la modificación en el esquema de retenciones

A solo días de haber asumido, el Gobierno dio a conocer múltiples medidas económicas que impactarán en el agro. Las medidas fueron comunicadas por el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, quien anunció una actualización en los derechos de exportación y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Solidaridad y Emergencia Productiva, que se aprobó en el día de ayer. Las nuevas autoridades apuntan a adquirir facultades para modificar el tope de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios.

Según se indica en el documento, el Gobierno eleva las tasas a un 33% en la soja y un 15% en trigo y maíz; es decir, un aumento de tres puntos en la alícuota. “Tanto por la necesidad de tener estabilidad como de sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable, fomentando la generación de valor agregado, planteamos iniciar un diálogo sobre las bases de las nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones”, expresó el ministro.

El Gobierno actualizó el tope de los derechos de exportación para los productos agropecuarios, al derogar el límite de cuatro pesos de retención por dólar, dejando firme el 12% de retención estipulado en la resolución original realizada por la gestión del expresidente Mauricio Macri.

De acuerdo a los principales lineamientos del proyecto, el campo pasaría a aportar en sus principales cultivos US$2.000 millones extra. “Considerando las alícuotas que el gobierno quiere para la soja y sus subproductos, se aguarda que el complejo soja contribuya con US$6152 millones, US$ 906 millones con el maíz y US$569 el trigo”, indica un informe realizado por el consultor y exsecretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet.

Con este aumento, la administración de Alberto Fernández busca utilizar estos fondos para relanzar el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y convertirlo en una fuerte banca de inversión que otorgue créditos blandos a las empresas con fines de financiación de proyectos productivos. La iniciativa enviada al Congreso también contempla la declaración de la emergencia social y sanitaria.