BPA en periurbanos: desarrollan un protocolo y modelo de ordenanza para 46 localidades

l debate permanente sobre el uso de productos fitosanitarios impulsó a un equipo de trabajo, con representación de profesionales de la agronomía y la producción, a desarrollar un manual de procedimientos que garantice las Buenas Prácticas Agrícolas en las zonas periurbanas de los 46 municipios y comunas del departamento Castellanos.Así surgió el “Protocolo de Aplicaciones para Periurbanos Ampliados” que el licenciado en edafología de la Agencia de Extensión Rural (AER) Castellanos Cristian León presentó en sociedad el martes 4 de agosto durante el “Desayuno Virtual” que organizó la Sociedad Rural de Rafaela. Encuentro que surgió ante una iniciativa en el Concejo Deliberante rafaelino que pretende extender la prohibición para el uso de tecnología agrícola que hoy rige en un radio de 200 metros alrededor de la ciudad hasta los 1.000 metros, situación que tornaría inviable la producción sobre más de 4.300 hectáreas.

El trabajo de León, que lleva meses en desarrollo y ha sido puesto a consideración de jefes comunales y legisladores -quienes plantearon sugerencias que fueron incorporadas- se complementa con la redacción de un modelo de ordenanza que le sirva a todos los distritos del departamento para el ordenamiento del uso y control de agroquímicos. Colaboraron además los ingenieros Miguel Gauchat y María Eugencia Raciatti (vice presidenta comunal de Cañada Rosquín, primer “Municipio Verde” de Santa Fe) y Diego Sara, productor de Presidente Roca.

Con estas herramientas se espera conseguir resultados agronómicos y también sociales. Entre los primeros se mencionan: aumento de recetas agronómicas emitidas; más hectáreas con verificación permanente (y creciente); aumento de la intervención de los profesionales; disminución de la toxicidad aguda y crónica de los productos utilizados; mantenimiento de la producción; mayor número de aplicadores habilitados y capacitados; y mayor conformidad de los productores involucrados. Entre la población, se busca que disminuyan las denuncias de vecinos por el impacto de las aplicaciones y las consultas médicas por intoxicaciones por fitosanitarios; aumentar el monitoreo permanente de la salud de los vecinos y el control social de las aplicaciones; y con ello una disminución del clima de conflicto.

En alerta

León explicó que desde principios de la década pasada rige la prohibición sobre 200 metros alrededor de Rafaela para el uso de cualquier insumo, incluso biológico y fertilizantes. Esta situación afecta unas 760 hectáreas de 25 productores. “Creo que es uno de los pocos lugares donde existe una restricción tan fuerte”, manifestó. A pesar de ello “algunos productores intentan hacer algo pero les aparece un ataque de una plaga y no tienen ninguna herramienta con qué salirle al cruce”. Hubo quienes intentaron hacer ganadería pero desistieron por la indefensión frente a los robos, habituales en cercanías a la ciudad. Y hasta el INTA, cuyo predio quedó parcialmente dentro de ese anillo, intentó producir sin insumos, pero verificaron pérdidas de hasta el 50% de pasturas por patógenos o insectos.

Ahora la amenaza escalaría en caso de prosperar el proyecto de la concejal justicialista Brenda Vimo, que al extender la prohibición hasta los 1.000 metros afectaría casi un tercio de la tierra productiva de la jurisdicción.

Frente a este riesgo a rural rafaelina recurrió a la AER Castellanos, que desde hace 5 años viene trabajando sobre la materia en busca de consensos que garanticen la convivencia entre la producción y los vecinos urbanos. “Lo estamos trabajando juntos con el equipo del senador departamental (Alcides Calvo, PJ) y con los 46 presidentes comunales”, remarcó el técnico. “Es un problema (el conflicto en el periurbano) que el presidente comunal que aún no lo tuvo se da cuenta que podría tenerlo próximamente; por que no siempre se hacen las cosas bien con las aplicaciones”, describió.

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