n una edición especial del Boletín Oficial publicado el sábado 15, el Gobierno Nacional resolvió aumentar los derechos de exportación a los granos y subproductos. Bajo la firma del Presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el esquema de retenciones implementado por el Gobierno de Mauricio Macri quedó sin efecto. Vale recordar que el decreto 793 de septiembre de 2018 establecía que se pagara un 12% de retenciones hasta el 31 de diciembre de 2020 (artículo 1); asimismo, indicaba que no podía superarse nunca los $4 por dólar (artículo 2). El Gobierno de Fernández eliminó el primer artículo, dejando entonces vigente las retenciones al 12%.
Con la actualización, los derechos de exportación de la soja se incrementarán al 30% y los de otros granos, como el maíz y el trigo, subirán del 6,5 al 12%. En tanto, los gravámenes a los productos agroindustriales como la leche y la carne aumentarán del 4,5 al 9%.
El esquema macrista había sido ideado para diluir la recaudación a la par de la devaluación del peso. En esta actualización, se vuelve a imponer un porcentaje que, en la mayor parte de los productos, será del 9%; sin embargo, como los granos no figuran en el Anexo 2 del actual decreto, regirá nuevamente el techo del 12% fijado por ley en el Presupuesto 2019. En el caso del complejo de la soja, que había quedado con una base del 18%, se le suma el 12% general. Si el Gobierno quisiera aumentar las retenciones a un porcentaje mayor al 30%, deberá hacerlo a través del Congreso, ya que el Gobierno anterior había establecido un techo del 30% para la soja, vía presupuesto.
Asimismo, mediante la Resolución 196/2019, firmada únicamente por Basterra, los registros para declarar ventas de granos al exterior se cierran el lunes 16. El temor de los principales referentes del campo es que esta medida sea el anticipo de otras resoluciones que afecten la rentabilidad de los productores. Según entidades del agro, el incremento de las retenciones generará una recaudación de US$1.800 millones.
Temiendo que esto sucediera, los productores adelantaron la comercialización de la cosecha 2019/2020: ya se exportaron 40 millones de toneladas, un 45% de la cosecha; en tanto, el año pasado, hacia la misma época, llevaban comercializadas 17 millones de toneladas. Hasta el momento, los productores llevan vendidos unos US$7500 millones. En tanto, los exportadores hicieron declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por una cantidad superior a 35 millones de toneladas, representando unos 6.000 millones de dólares.
Según Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, el aumento en la recaudación del fisco afectará notablemente los márgenes de rentabilidad de los productores que, de por sí, ya se consideraban estrechos. “Todo se traducirá en un fuerte desincentivo a la producción, la inversión y la creación de empleo futuro, en un momento en el que Argentina los necesita especialmente para salir de la profunda crisis económica y social en la que se encuentra”, opinó y subrayó que “el campo es el sector más dinámico de la economía y el que mayor capacidad tiene para generar divisas, trabajo y activación en todo el país”.
En tanto, Jorge Chemes, presidente de CRA, sostuvo: “El impacto en la rentabilidad va a ser fuerte. Es fundamental que nos escuchen. El diálogo es la principal herramienta”. En la misma línea, Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, se sorprendió con la falta de consulta por parte del Gobierno: “(El Presidente Alberto Fernández) comienza a faltar a su palabra. Esperábamos un anuncio a favor de la producción, alentándola”. Por último, Carlos Achetoni, presidente de la FAA, resaltó que “hay un estado de alerta que antes no había. Hay malestar en el pequeño productor. Aquel que ya venía mal y que ahora ve que va a estar un poco peor”.
Tal como declaró Basterra, “uno de los ejes centrales del gobierno del Presidente Alberto Fernández es lograr rápidamente la consistencia macroeconómica necesaria para revertir la angustiante y delicada situación social y productiva que vive nuestro país”. Por ello, la meta es fomentar “un nuevo esquema que incentive e incremente la producción y exportación de productos de alto valor agregado”.