Inhiben la algodonera Avellaneda y levantan secreto bancario de directivos y ex funcionarios

a medida fue dictada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que se investiga el otorgamiento de créditos irregulares a Vicentín por $18.500 millones durante el gobierno de Cambiemos. Ercolini ordenó la inhibición sobre Algodonera Avellaneda y no sobre Vicentín, porque esta última fue inhibida en el marco de la causa del concurso que lleva adelante la justicia de Santa Fe. Sobre el pedido de inhibición de bienes de Vicentín que había efectuado la fiscalía, el juez sostuvo que “el patrimonio de dicha sociedad, al día de la fecha, se encuentra suficientemente protegido por parte del juez local, pues la ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras determina en su art. 15 que si bien la concursada no queda desapoderada de su patrimonio éste queda sujeto a una administración controlada por un síndico”.

“Entiendo que ordenar la inhibición general de bienes de Vicentin SAIC y la prohibición de innovar su composición accionaria, podría, eventualmente, afectar el normal desarrollo del proceso concursal y trabar el procedimiento de gestión y conservación de los bienes que ya se encuentra en marcha; máxime, teniendo en cuenta que la entidad que sería la mayor afectada por las maniobras aquí investigadas, ya se encuentra presentada en el proceso concursal con su respectivo crédito”, argumentó Ercolini.

Diferente es el caso de Algodonera Avellaneda SA, ya que no está atravesando un proceso concursal. “Por ello, la propia complejidad del supuesto entramado denunciado y la primigenia acreditación de la intervención de la empresa en una maniobra de contenido patrimonial supone la necesidad de adoptar de manera urgente medidas para resguardar sus bienes”, alegó el juez para dictar la inhibición.

En tanto, el magistrado ordenó el levantamiento fiscal y bancario desde enero de 2018 hasta ahora a exfuncionarios del Nación como Javier Gonzalez Fraga, y a los responsables de Vicentín, Roberto Vicentín, Máximo Padoan, Alberto Macua, Hernán Vicentín, entre otros.

Según el juez, en la causa hay pruebas como para sostener una “mecánica” para perjudicar al Estado a través de los créditos otorgados a Vicentín y Algodonera Avellaneda. “Las constancias reunidas permiten sostener la existencia de una mecánica a través de la cual se habría perjudicado al Estado nacional a través del otorgamiento presuntamente irregular de financiaciones por parte del BNA a las compañías antes mencionadas y la falta de ejecución de las garantías previstas para ese endeudamiento, por el monto aproximado de $ 18.500.000.000. En esa línea, la relación que aparentemente existiría entre el patrimonio de las firmas y el beneficio presumiblemente ilícito del mecanismo denunciado exhibe fuertes lazos, en tanto fueron beneficiarias de la asistencia crediticia que generó la deuda impaga con el BNA”, sostuvo el juez.

En la resolución, el juez dispuso levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil por el período comprendido entre el mes de enero de 2018 y la actualidad sobre las siguientes presonas: Javier Antonio González Fraga; Lucas Llach; Agustín Pesce; Miguel Ángel Arce; Carlos Alberto Castellani; Guillermo Goldberg; Jorge Alberto Lawson; Javier Okseniuk; Marcelo Javier Pose; Ercilia Antonia Nofal; Juan José Fragati; Susana Graciela Ojeda; Martín Enrique González; Maricel Leonor Moschini; José Luis Testa; Luis María Restelli; Darío Marcelo Giacossa; Néstor Ariel Bled; Daniel Néstor Buyatti; Alberto Julián Macua; Osvaldo Luis Boschi; Martín Sebastián Colombo; Herman Roberto Vicentín; Máximo Javier Padoan; Sergio Roberto Vicentín; Vicentin SAIC —únicamente el secreto bursátil, ya que los demás han sido levantados por la decisión de fecha 12/06/20—; Algodonera Avellaneda SA; Río Del Norte SA; Buyanor SA; Oleaginosa San Lorenzo SA; Sottano SA; Sir Cotton SA; Vicentín Desarrollos SA; Renova SA; Terminal Puerto Rosario SA; y Renopack SA”.

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