Frutas y verduras para combatir la malnutrición en Argentina

erca de 10.000 personas pasan cada día por el Mercado Central, a las afueras de Buenos Aires, el principal centro mayorista de alimentos frescos de Argentina. Durante toda la madrugada, las calles que comunican las naves donde se venden las frutas y verduras con las que se abastecen buena parte de los comercios de la capital y su área metropolitana son un hervidero de camiones, automóviles y carritos. Entre ellos están también los de más de 500 comedores gratuitos, que reciben donaciones y capacitación como parte de una iniciativa estatal para combatir la malnutrición entre la población más pobre, que ha empeorado aún más con la crisis agudizada por la pandemia de covid-19.

Una de cada cuatro personas en Argentina requiere la ayuda del Estado para comer. En su dieta “hay demasiada harina, fideos y arroz y poca leche, carne, frutas y verduras”, advierte el ministro de Desarrollo social argentino, Daniel Arroyo, durante un recorrido por este gran centro de comercialización de frutas y verduras, de gestión estatal.

“El primer día, cuando llegamos, había una montaña de lechuga y jengibre. Era todo lo que teníamos para entregar a los comedores. Se iban a llevar eso, con un reglamento que dice que no pueden vender el alimento, que es lógico, pero que en ese caso lo mejor que podían hacer era vender el jengibre para comprar otros alimentos. Y ahí salimos y empezamos a hacer una recorrida puesto por puesto para decir: ‘Necesito que me dones un bulto’”, cuenta Noelia Vera, responsable de la nueva Gerencia de alimentación sana, segura y saludable del Mercado Central. Hay 876 puestos, repartidos en 18 grandes naves.

Manzanas, bananas, peras, patatas, calabaza y rúcula son algunas de las frutas y verduras que se sumaron a los cajones que reciben a diario los comedores de la provincia de Buenos Aires abastecidos por el Mercado Central. Quienes cocinan, casi siempre mujeres, reciben además talleres de nutrición y manipulación y conservación de los alimentos. “Ahora acompañamos la copa de leche algunos días con ensalada de fruta o compota de manzanas que hacemos nosotras”, cuenta María Blanco, del comedor y merendero Comunidad Patria Grande, en Villa Celina, al que concurren a diario cerca de 300 niños y adolescentes. “Tuvimos que hacer una reunión porque hay algunas familias disconformes que nos dicen que damos mucha fruta y verdura y a los chicos no les gusta, pero la mayoría lo ve bien y entiende que es mejor para la salud de los chicos”, señala Blanco.

El 41% de los menores de edad en Argentina tiene sobrepeso u obesidad y en los adultos la cifra crece hasta el 68%, según la última encuesta nacional de nutrición y salud, publicada en 2019. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el país lidera el consumo regional de bebidas azucaradas y está en los primeros puestos en compras de productos ultraprocesados, de alto contenido calórico y bajo valor nutricional. A diferencia de Chile o de Brasil, Argentina no cuenta con una ley de etiquetado que obligue a destacar el alto contenido en grasas o azúcares de estos productos.

El Gobierno de Alberto Fernández intentó incentivar el consumo de alimentos frescos con la tarjeta alimentaria repartida a 1,5 millones de familias a principios de 2020, pero la pandemia ha provocado un nuevo retroceso al elevar la pobreza hasta el 40%, según estimaciones de Naciones Unidas. “Antes de la pandemia, el 67% de las compras con la tarjeta alimentaria eran leche, carne, frutas y verduras. Ahora bajó a menos del 50%”, admite el ministro de Desarrollo Social. En las calles, movimientos sociales como Barrios de Pie se manifiestan para reclamar mayor asistencia a comedores y merenderos populares.

Argentina es el octavo país más extenso del planeta y sus abundantes tierras de cultivo contribuyen a que sea uno de los grandes agroexportadores mundiales, pero gran parte de su producción no está destinada al consumo humano, subraya Vera. “Es mentira que en Argentina se producen alimentos para 400 millones de personas. Producimos commodities, soja sobre todo, eso no es alimento”, asegura esta investigadora vinculada a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), al igual que el presidente del Mercado Central, Nahuel Levaggi.

Los talleres a los comedores se imparten en colaboración con la Universidad de San Martín, que aporta herramientas como la denominada olla bruja, explica Vera. Con cajones de madera y telgopor, cartón y aluminio es posible construir un aislante térmico que mantiene la temperatura del alimento una vez que hierve y permite que se siga cocinando sin gastar energía. “Es maravilloso porque el gran problema que tenemos es el bajo consumo de legumbres. Se pueden dar legumbres, pero muchos comedores tienen sólo un fuego y las legumbres tardan en hacerse. Hacemos esas ollas en el momento, con cosas que recolectamos tiradas en el mercado, y así, apenas rompe el hervor, desocupan un fuego y eso se cocina solo, mientras hacen otras cosas”, cuenta sobre esa herramienta que construyen en las capacitaciones.

La educación sobre hábitos alimentarios saludables debe ir acompañada de acceso a ese tipo de alimentos y a infraestructura básica para manipularlos, cocinarlos y conservarlos, opina Vera. En el comedor Comunidad Patria Grande no tienen agua corriente y la obtienen de vecinos que viven a dos cuadras de distancia. “Vos podés decir: ‘Hacete una ensalada cruda’, pero estas compañeras tienen que caminar dos cuadras con baldes para ir a buscar agua para lavar las hojas”, cita como ejemplo. No son un caso aislado: el 14% de los hogares urbanos de Argentina no tiene acceso al agua de red, según el Observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina.

El aporte realizado desde el Mercado Central supone una parte ínfima de la asistencia alimentaria estatal, pero va en línea con la estrategia planeada para cuando se deje atrás el pico de la pandemia de covid-19, que se ha cobrado más 9.000 víctimas mortales. “Hoy el trabajo del Ministerio es 90% asistencia alimentaria, 10% creación de trabajo, esperamos que a final de 2020 sea 50% y 50%”, dice el ministro.

El País