Durante casi dos meses, cien investigadores del CONICET y universidades nacionales de Argentina, llevaron a cabo un estudio sobre el impacto de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio en 30 pueblos originarios.
Luego de realizar relevamientos a lo largo del territorio argentino, los científicos elaboraron un informe que revela la realidad que atraviesan las comunidades durante la cuarentena, pero en el marco de una invisibilización histórica, reclamos territoriales, lingüísticos y culturales.
“Este acontecimiento del Covid-19 viene a profundizar muchas desigualdades que existían previamente, así como la criminalización y estigmatización histórica que sufren por su condición sociocultural”, describió Sofía Silva, becaria de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la investigación.
A lo largo de todo el informe, se destacan que los mayores problemas que enfrentan los pueblos originarios son la desigualdad y el racismo. Si bien, el trabajo está dividido por regiones, ambas variables han sido una constante en todo el relevamiento. Cabe remarcar que esta situación de vulnerabilidad y desprotección, no es exclusiva de Argentina. Por ello, la Organización de Naciones Unidas instó a los Estados que tengan y desarrollen políticas especiales de cuidado y protección para con las comunidades originarias.
No obstante, en Argentina una de las principales dificultades en el marco del aislamiento, fue la posibilidad de acceder al Ingreso Familiar de Emergencia. “Cabe mencionar que el rechazo de muchas solicitudes para acceder al IFE se debió al registro de los solicitantes en ANSES como destinatarios de planes y/o programas sociales que en la actualidad no perciben”, reza el informe del Conicet y las Universidades Nacionales del país.
Además, se destaca la dificultad de las comunidades para contar con información oficial respecto a los protocolos de seguridad e higiene. En algunos casos, las poblaciones originarias no acceden a la información que circula en los medios de comunicación, “debido a que no poseen acceso a internet o no alcanzan una conexión sostenida”. Asimismo, la imposibilidad de abonar los servicios o la falta de "carga" en sus celulares imposibilita la gestión de trámites como el IFE, que también se hace más complicado para aquellos que no dominan el uso de la tecnología y el llenado de formularios digitales.
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“En los casos en que se dispone de recursos tecnológicos para llevar adelante estas tareas (celular o computadora), es insuficiente para el uso y acceso de todos los integrantes del grupo familiar” reza el informe. Además, los científicos señalaron “la falta de campañas de difusión y materiales en lenguas indígenas que brinden información acerca de los protocolos”.
De esta manera, la desigualdad no sólo está presente en las condiciones materiales en las que viven la mayoría de las comunidades originarias, en el acceso a la salud, la educación, o en algunos casos hasta al agua potable, sino también en el acceso a la información.
En este contexto de desigualdad, se destaca por ejemplo la situación del barrio Gran Toba de la ciudad de Resistencia, Chaco, donde se están incrementando los casos de contagio con COVID19, “en condiciones deficitarias de higiene y salubridad”. Ante ello, las autoridades gubernamentales han implementado el aislamiento del barrio, restringiendo la circulación de los habitantes. Los vecinos afirman que “no reciben tratamientos médicos adecuados y no les envían alimentos para cubrir las necesidades”.
Además, el estudio realizado por antropólogos de todo el país asegura que la suma de efectivos de las fuerzas de seguridad que patrullan la zona, “reafirma y profundiza estos escenarios de violencia y discriminación contra los pueblos originarios”. Incluso, el registro de numerosas situaciones de abuso y violencia policial en diferentes ciudades de Chaco, motivó la presentación de un hábeas corpus por parte del Comité de Prevención de la Tortura de aquella provincia.
Desde el comienzo de la cuarentena se conocieron varios hechos de violencia policial contra integrantes de las comunidades originarias como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek, a principios de abril, y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio.
Sin embargo, el hecho que generó mayor indignación y puso en evidencia los abusos que sufren los pueblos indígenas, sucedió el 31 de mayo en la ciudad de Fontana. Esa madrugada, efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, torturaron, golpearon y abusaron a todos los habitantes de la vivienda.
Ahora bien, la exclusión y la invisibilización atraviesan a todas las comunidades del territorio argentina. En Río Negro, en plena pandemia, pueblos originarios, crearon la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche de Río Negro. Desde dicha entidad publicaron un comunicado, en el que remarcan la necesidad “urgente de visibilizar la situación de comunidades y pobladores que habitan en la zona rural” y denuncian los problemas que tienen para abastecerse de alimentos, leña, garrafas, dificultades para recibir atención sanitaria y sobreprecios.
En otra punta del país, en Misiones, la comunidad mbya guaraní Takuapí Mirí, publicó un comunicado en el que dicen que el pueblo “resiste desde siempre, tenemos la sabiduría del monte, cazamos y recolectamos en la poca selva que todavía nos queda, pero necesitamos asistencia”. Al final del texto, que subieron a una página de Facebook, creada durante la pandemia, pidieron que se comparta el mensaje, “no nos hagan invisibles”.
A partir del relevamiento de estas situaciones y la realidad de comunidades originarias en todo el país, el análisis que realizaron los científicos argentinos revela que en el contexto de pandemia y las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, “se han profundizado y exacerbado diversas situaciones de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia les integrantes de los pueblos originarios, los cuales se han producido a través de acciones arbitrarias por parte de la ciudadanía, grandes propietarios y/o graves abusos de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad, asumiendo en algunos casos características sumamente conflictivas y traumáticas”.
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