l informe Report to the Nations, elaborado por la Asociación de Examinadores Certificados Antifraude de los Estados Unidos (ACFE) da cuenta de las colosales pérdidas que trae para los países el fraude y la corrupción. El informe recopila información de 123 países y 23 industrias.
El tipo de fraude más común es la corrupción público-privada. En América latina, se registraron, según el reporte, la menor cantidad de casos reportados (solo el 4% a nivel mundial), pero la mayor cantidad de pérdidas a nivel gubernamental, por una suma de US$862.000 millones.
Los países que eliminen la corrupción en la aduana podrán, según la OCDE, reducir entre un 11% y un 17% sus costos para exportar. “Es reconocido a nivel mundial que la corrupción basada en pagos indebidos a funcionarios públicos es un tema muy complejo en las aduanas”, afirma Pedro Serrano Espelta, socio de Marval O’Farrell Mairal, a cargo de la práctica de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones.
“En los análisis de riesgo que tienen que realizar las compañías como parte necesaria de sus programas de Compliance, si la operación de la empresa involucra operaciones de importación o exportación, entonces será necesario incluir mayores controles internos”, expresa Serrano Espelta.
Según distintos especialistas, es bastante común que, utilizando la discrecionalidad que tienen para determinar cuándo un cargamento puede o no entrar al país, algunos funcionarios aduaneros utilicen sus facultadas para, por ejemplo, demorar el ingreso de la mercadería.
En las importaciones, dependiendo del país, un funcionario de la aduana puede inspeccionar un container en un día o dos semanas. El análisis de la documentación o de la mercadería puede demorarse innecesariamente y, mientras tanto, el importador tiene que pagar por el tiempo de espera del container en la aduana. Esto puede costar una fortuna y, en el peor de los casos, cuando la mercadería es de cuidados especiales se puede perder. El funcionario aduanero suele tener discrecionalidad y a esto se suma que el expediente de importación tiene que pasar por distintos sectores, con toda la burocracia que ello implica.
Por ejemplo, se trae un container que llega al puerto el 1 de diciembre con objetos de decoración navideña; si no se retira enseguida, esa mercadería no vale nada. Ni hablar de productos perecederos. Por otro lado, con la producción just in time, que es cuando se van importando las piezas en la medida en que la producción o la fábrica lo requieran, si el empresario no pudo importar el tornillo que necesita para fabricar un auto, se detiene toda la producción. Es así que aparecen todos estos espacios de pagos indebidos y de oportunidades de corrupción.
Según la OCDE, el 71% de los casos de corrupción aduanera a nivel mundial se dieron a través de los intermediarios. “Cuando se liberaliza el comercio y se otorgan licencias automáticas para las importaciones se reducen los espacios de corrupción ya que disminuye la discrecionalidad de los funcionarios intervinientes. Cuando se agregan prohibiciones y hay más burocracia aumenta la discrecionalidad y por ende el riesgo de corrupción”, explica el especialista.
En la misma línea, Serrano Espelta agrega que “el riesgo de exportar suele ser menor que el de importar, porque los países suelen fomentar las exportaciones y por lo tanto de exportación”.
Se sabe que el exceso de burocracia suele llevar a la corrupción, que intenta, a modo de justificación, saltear los obstáculos para poder llevar adelante un negocio. El antídoto para la burocracia, que hace que los procesos sean lentos y muchas veces poco transparentes, es la tecnología.
Para Carlos Rozen, socio de BDO, es importante comenzar a abandonar las planillas de cálculo como medio de control. “La complejidad que requiere realizar todos los chequeos necesarios hacen que la tecnología comience a jugar un papel preponderante. Estamos viendo ya primeros casos muy interesantes de lo que podríamos llamar comextech (tecnología aplicada al comercio internacional), donde el blockchain comienza a perfilarse como el escribano digital de contratos inteligentes que resguardan de manera segura e inalterable registros de sucesos, transacciones y hasta resoluciones de conflictos”, explica.
Por último, Rozen sugiere incorporar herramientas de automatización para la búsqueda de información, como legislación, listas de sanciones aplicadas, expedientes electrónicos y el uso de analytics.