Un estudio realizado en Marcos Juárez determinó que, si se aplicara una prohibición de aplicación de fitosanitarios en un radio de hasta 1.000 metros del ejido urbano, 6.800 hectáreas quedarían improductivas.
A un rinde promedio en la zona de 35 quintales por hectárea de soja, significarían 24.000 toneladas menos si se sembraran todos los lotes con la oleaginosa. Una pérdida potencial de 14,4 millones de dólares, teniendo en cuenta el valor bruto en base a un precio de 600 dólares la tonelada.
Es solo una muestra del perjuicio que este tipo de medidas, que a menudo se toman sin sustento científico ni técnico, pueden provocar. Desde la Dirección de Innovación Tecnológica y Buenas Prácticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura de la Nación, a cargo del cordobés Andrés Méndez, fueron más allá: estimaron que, si este tipo de restricciones se masificara a todos los municipios del país donde se producen granos, significaría perder un millón de hectáreas productivas.
Por esa razón, Méndez –experto en tecnologías para el agro del Inta Manfredi– se puso a la cabeza de desarrollar un proyecto que acerque un puente que acabe con esta controversia entre el campo y la ciudad.
Y esa propuesta, de base tecnológica, tiene fuerte impronta cordobesa, con la participación de dos startups locales: Agrohub, encabezada por Diego Ponce desde Marcos Juárez; y Tracestory, liderada por Darío Baudino en Río Cuarto. Asimismo, forman parte las empresas Geosistemas, D&E y Acronex.
La iniciativa apunta a poner en práctica una solución integral basada en sistemas agtech, que no solo cuiden al máximo la eficiencia de las aplicaciones de fitosanitarios en las zonas periurbanas, sino que también permitan que todos los datos de cada pulverización queden registrados y puedan ser consultados tanto por autoridades, como por vecinos, productores o cualquier otro interesado.
“El objetivo es acercar lo que realmente pasa a lo que la gente cree que pasa. Y la única forma de acabar con esas incertidumbres es con tecnología”, resume Baudino.
“La idea es demostrar que hay soluciones técnicas que están disponibles. Y se puede dejar grabado que todo se hizo exactamente de la manera en que se debía hacer. No hay forma de pensar un plan para alcanzar 200 millones de toneladas de producción nacional, si a la par perdés millones de hectáreas por medidas restrictivas”, añade Méndez.
“Hoy cuando hay un litigio por algún vecino que protesta por una aplicación ante una Municipalidad, tardan entre siete y 21 días en dar una respuesta, y en la mayoría de los casos ‘en ciego’, porque no hay registros. Con este sistema tecnológico, queda toda la información y está validada, lo que da un nivel más de seguridad”, completa Ponce.
Modelo
En concreto, la propuesta del Ministerio de Agricultura de la Nación es la utilización de sistemas de pulverización que incorporan la tecnología Weed It, que reduce los volúmenes de agroquímicos al abrir las boquillas solo cuando se detecta una maleza. A la par, se están ensayando la aplicación de gotas más pesadas, de manera de reducir el riesgo de deriva.
Agrohub se inserta con una plataforma que permite almacenar todos los datos importantes, desde que el productor hace la solicitud de aplicación ante el municipio hasta que la finaliza en el lote.
“Todo lo que hoy se hace de manera analógica, a mano, lo hemos digitalizado. La receta fitosanitaria, la aprobación municipal, los datos de qué productos se usan, sobre qué cultivos se aplican, todo. Y, además, el sistema muestra en tiempo real las condiciones climatológicas, de manera que también queda registrado si eventualmente hubo condiciones de humedad, temperatura o viento que deberían haber impedido o frenado una aplicación”, enumera Ponce.
Tracestory, en tanto, es la herramienta que funciona como auditora y valida los datos. “Lo que hacemos nosotros es generar una historia, una trazabilidad y rastreabilidad del proceso, y estructuramos la información para que pueda ser consultada para cualquier fin, tanto por el ciudadano, como por el municipio o el aplicador”, explica Baudino.
De esta manera, según el emprendedor riocuartense, se genera una suerte de herramienta técnico-legal que protege a todas las partes. “Cuando hay una denuncia, se puede comprobar fácilmente si en esa fecha hubo o no una aplicación, cómo se hizo, en qué condiciones. No queda nada librado al azar o a evaluaciones a campo posteriores que son muy difíciles de realizar”, agrega.
Para demostrar la funcionalidad de este sistema integral, desde el Ministerio ya realizaron ensayos en las localidades cordobesas de General Deheza y Alejandro Roca, y en la santafesina Venado Tuerto.
La idea es ofrecerles este servicio de manera gratuita a los municipios y que sean los productores quienes financien su utilización. El atractivo es la posibilidad de demostrar que realizan buenas prácticas y, a su vez, recuperar hectáreas que en muchos casos están improductivas por las legislaciones restrictivas.
Agrovoz
