¿Es posible potenciar la industria aceitera nacional?

En un mundo que día a día requiere cada vez más y más alimentos, la Argentina se encuentra en un escenario sin precedentes, de la mano de la industria aceitera. El hecho de poder producir y ganar competitividad a nivel mundial es un lastre impositivo que representa el 41% de cada barco de harina de soja que se exporta.

Del lado de los productores, se visualiza una clara avidez, marcada por las inversiones que suelen destinar a la compra de insumos tecnológicos para mejorar la producción. Sin embargo, la agroindustria procesadora enfrenta paros gremiales de manera permanente, sumado a las barreras proteccionistas que exhiben los mercados compradores, el conflicto en torno a la Hidrovía y la bajante histórica del río Paraná.

Por otra parte, la industria aceitera nacional debe competir con los pesos pesados del negocio a nivel internacional, como consecuencia del tamaño de su economía, su capacidad de financiamiento y subsidios, y el acceso a mercados como Estados Unidos, Brasil, China, la Unión Europea (UE), Rusia y Ucrania.

Asimismo, el precio de la soja bajó considerablemente, generando grandes pérdidas en el negocio. Entre los factores que influyeron negativamente en el desarrollo, se destacan el arancel injustificado al biodiésel argentino impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos y las tarifas diferenciales de China para promover la importación de granos de la oleaginosa y así frenar el ingreso de aceites y harinas en el mayor mercado consumidor del mundo.

Establecer las estrategias para competir de igual a igual con las grandes potencias es todo un interrogante. Mientras la Argentina mantenga las retenciones, deberá aplicar derechos diferenciales entre el poroto de soja, la harina, el aceite y el biodiésel para mitigar –de forma parcial- el proteccionismo en el mundo y defender el empleo nacional.

Actualmente, la soja tributa un 33%, mientras que su harina y aceite un 31%. Este diferencial del 2% no permite que los aceiteros se desarrollen. Lo que hace es que la industria pague US$10 por tonelada más de lo que podría abonar el exportador de la oleaginosa como grano, aunque sin valor agregado.

Además, su objetivo es igualar el trato tributario entre los exportadores de grano y procesadores exportadores de aceite y harina, posibilitando que el productor venda soja todo el año, sin importar su calidad.