Las energías renovables tienen un gran desafío: sobrevivir, y las expectativas son pocas desde que la Subsecretaría de Energías Renovables de la gestión de Mauricio Macri pasó a tener rango de Dirección Nacional, bajo el nombre de “Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables”.
Además, por lo pronto, la administración de Alberto Fernández ya le confirmó a la industria que no habrá grandes licitaciones. En consecuencia, las empresas continúan trabajando para mantener lo logrado en la gestión anterior.
Al cabo de cuatro años, la Argentina ocupa, por primera vez, el séptimo puesto en el ranking de países emergentes atractivos para el desarrollo de energías renovables, y está entre los tres del mundo con más potencial en generación eólica y solar.
Lo conseguido durante el gobierno anterior fue producto del Programa RenovAr, cuyo objetivo fue fomentar el uso de energías renovables para la producción de electricidad. En consecuencia, la estatal Cammesa, administradora del mercado mayorista eléctrico, licitó la generación de energías renovables a privados.
Si bien la Ley 27.191 fijó como target que las renovables produjeran el 8% del total de generación de energía hacia 2018, recién el año pasado se alcanzó el 7%, una cifra que no es tan mala teniendo en cuenta que en 2015 representaban apenas el 2%.
“Nuestro país tiene una oportunidad única desde el punto de vista energético. Cuenta con vientos de la mejor calidad de los posibles en el mundo y supera a países con un desarrollo muy superior de la industria eólica”, dice Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia.
En la Argentina, la energía eólica genera cerca de 4,7 gigawatts por hora (GWh) anuales, lo que equivale al consumo de más de 1,5 millón de hogares. Así, evita la emanación de más de 2,3 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
“La política del anterior gobierno se basó en dos pilares. Por un lado, la convocatoria a licitaciones públicas para suscribir contratos de abastecimiento (o PPAs) de energía eléctrica de fuentes renovables de largo plazo. Además, incorporó en esos contratos muchas prácticas internacionales, necesarias para que los proyectos puedan acceder al financiamiento en el sistema internacional”, explican Juan Cruz Azzari y Jimena Vega Olmos, socios de MHR Abogados, estudio jurídico con fuerte actividad en el sector.
En 2019, Pan American Energy (PAE) cumplió el primer año de producción del Parque Eólico Garayalde, en Chubut. Con una inversión de US$40 millones, fue uno de los primeros proyectos en firmar un contrato de abastecimiento de energía eléctrica con Cammesa. “Con 24,15 megawatts (MW) de potencia instalada, alcanzamos un récord de generación de 109,108 MWh en 2019, equivalentes al consumo de una población estimada de más de 30.000 hogares”, explican en la empresa.
“Garayalde logró factores de capacidad mensuales del 66%; esto significa que el parque operó en un mes dado al 66% de su capacidad”, resaltan, a la vez que agregan: “Este valor es de los más altos del país y del mundo. Para tener una referencia, en Europa los mejores parques no llegan al 40%; solo podríamos compararnos con factores de parques off shore en el Mar del Norte”.
Economía en contra
“Si bien la actual situación del país retrasa la concreción, hay una estrategia clara y la rapidez del avance será en función de las condiciones de la economía. Hoy, la estrategia se basa en Vaca Muerta y el Plan RenovAr, y está previsto que ambos tengan desarrollo”, indica Jorge Bacher, ex socio de la práctica de Energía de PwC Argentina y cofundador de la firma de headhunting We Search. “Es clave hacer viable la confianza con los inversores para que los proyectos se puedan concretar. Por otro lado, para las grandes empresas, los proyectos energéticos son de largo plazo, más allá de los gobiernos”, añade.
Desde PAE, apuntan a que los proyectos en los que participan son resultado de las licitaciones públicas de energías renovables que se pusieron en marcha en años anteriores. “Entendemos que estos contratos serán respetados por el gobierno actual, debido a que hay financiamiento externo de largo plazo con agencias de crédito internacional comprometidos”, confían.
El mismo optimismo transmiten desde Genneia. “En lo relativo a los proyectos cuya construcción se vio afectada por la coyuntura macroeconómica, existe la voluntad de trabajar para encontrar soluciones que potencien el desarrollo del sector, sin afectar los intereses del Estado”, comenta Castagnino. Además, sostiene que, para seguir en la senda del crecimiento, se requieren políticas que contribuyan a continuar el desarrollo del sector y fomenten la inversión en infraestructura, para lograr un marco normativo estable que favorezca un mayor volumen de inversiones.
“Entendemos que hay muchas oportunidades con la nueva administración para retomar el desarrollo del sector mediante el respeto de los contratos actualmente vigentes, el reordenamiento de aquellos que se encuentran en curso y que, producto de la crisis 2018/2019, requieren ampliaciones de plazo o modulación de sanciones; y el mantenimiento del programa de beneficios fiscales”, explican Azzarri y Vega Olmos.
Castagnino destaca que, entre los temas pendientes, hay que resaltar la complementariedad con Vaca Muerta, las ampliaciones y la recuperación de capacidad del transporte del sistema eléctrico, la estabilidad fiscal, la integración nacional, la celeridad de gestión y coordinación entre entes y organismos para que estas demoras no impacten en los costos de los proyectos y, en definitiva, el de la energía.
Desde la visión de las startups, Santiago Caniggia Bengolea, director de SolarLatam, opina que también hay un trabajo que hacer a nivel del usuario. “Hacen falta establecer reglas claras, como profundizar en la implementación de los beneficios planteados en la Ley 27.474 de generación distribuida, en donde se plantean líneas de financiación y bonos fiscales específicos para proyectos de energía solar para autoconsumo”.
“Sin duda alguna, durante 2020 deberían adoptarse medidas que permitan tornar viables aquellos proyectos que, teniendo contratos celebrados con Cammesa o en el mercado a término, hoy se encuentran en riesgo por problemas y demoras generados como consecuencia de la situación macroeconómica”, señalan Azzarri y Vega Olmos.
Nuevos proyectos
El 24 de enero venció la fecha límite para hacer el trámite administrativo que implica la nueva convocatoria para rubricar contratos PPA que se adjudicaron en el marco de la última licitación de energías limpias, en la Ronda 3 de RenovAr. Allí, se adjudicaron 38 proyectos, por 259,08 MW de potencia, a un precio promedio de US$67 por MWh. Estos emprendimientos representan inversiones por más de US$368 millones y generarán más de 1.000 nuevos empleos, entre la construcción, la operación y el mantenimiento.
PAE se encuentra en plena construcción de dos parques eólicos en la localidad de Puerto Madryn, en sociedad con Genneia. Los parques Chubut Norte 3 y 4 tendrán, en total, 140,40 MW de potencia instalada, y contarán con 32 aerogeneradores que se conectarán al SADI, a partir del tercer trimestre de este año. En la construcción de los mismos están trabajando alrededor de 900 personas y la energía generada por estos parques equivale al consumo de más de 197.000 hogares.
Los proyectos implican una inversión estimada de US$190 millones y contarán con una financiación provista por el banco KfW, con garantía de la agencia alemana Hermes. Además, por su lado, Genneia ya entró en operación con el Parque Eólico Vientos, de Necochea, en sociedad con Centrales de la Costa Atlántica, y planifica el ingreso del proyecto Chubut Norte II (26 MW), destinado al Mercado a Término de Energías Renovables.
Por otro lado, YPF Luz recibió un crédito internacional de hasta US$150 millones para el desarrollo y la construcción del Parque Eólico Cañadón León, ubicado en Santa Cruz, que va a generar 120 MW de potencia de fuente renovable y tendrá una capacidad del 53%, un nivel de eficiencia de los más altos del mundo. La operación, que consiste en un crédito de BNP Paribas Fortis, de hasta US$100 millones, con garantía de Euler, y un préstamo de la US International Development Finance Corporation (DFC) por otros US$50 millones, generará 400 empleos durante la etapa de construcción.
