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a capacidad instalada de biodiésel en el país es superior a los 4,5 millones de toneladas anuales, pero el sector se encuentra operando al 50 por ciento de la capacidad instalada. Existe desde hace un tiempo un espacio de conflicto entre las petroleras y las empresas de biocombustibles.
Desde hace al menos tres años, las fábricas vienen denunciando una situación gravísima, con algunos casos de plantas cerradas y otras que se encuentran trabajando al límite o por debajo del límite de rentabilidad.
Es que a diferencia de las fábricas que pertenecen a las grandes cerealeras, dedicadas a exportar, las pymes abastecen el corte obligado de la nafta y el gasoil para el mercado interno. Y aquí es donde se plantea el problema.
Agrupado en la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas -que reúne a gobiernos de provincia y a la industria nacional de biocombustible- el sector está integrado por más de medio centenar de industrias emplazadas en 10 provincias.
En conjunto, directa e indirectamente, aportan alrededor de 60.000 puestos de trabajo, generando un proceso de agregado de valor a la soja, el maíz y el azúcar; sustituyen importaciones por compras de gasoil al exterior y colaboran eficientemente en la diversificación de la matriz energética nacional, con productos “limpios”.
Esa Liga denuncia que las políticas gubernamentales favorecen a las petroleras y advierten que se planean medidas que podrían beneficiarlas más aún, si se tiene en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández enviará a sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de nuevo marco regulatorio de los hidrocarburos y combustibles convencionales y no convencionales.
Es que las petroleras –principalmente los grandes holdings internacionales- que han prometido al Gobierno inversiones millonarias en dólares para explotar el yacimiento de Vaca Muerta y otros recursos naturales, estarían presionando para que se reduzca el cupo de combustibles bio.
Algunas petroleras ya no estarían respetando el 10% de corte con biodiesel en el gasoil, lo cual ha determinado que la actividad de las plantas nacionales se ha reducido al 50% de su capacidad instalada, que está en condiciones de operar más de 4,5 millones de toneladas al año.
La tasa de corte actualmente es de 10% en diésel y 12% en naftas, en este caso con bioetanol, base maíz o base caña de azúcar.
Aducen las petroleras -principalmente aquellas integradas, es decir que tienen sus propias refinerías- que, con los precios de las naftas y el gasoil congelados, no quieren que la Secretaría de Energía autorice un incremento de los biocombustibles de entre 10 y 20% como lo exigen los industriales.
Esta situación derivó en una falta de abastecimiento a las refinadoras de los productos “bio” y el incumplimiento del cupo de entregas previsto por ley. Por su parte, las petroleras presionan para que se modifique el régimen de promoción de los biocombustibles para reducir los cupos al mercado interno e incrementar sus ventas de crudo.
El argumento de estas empresas es que el precio del biodiesel desde fines de 2014 es superior al de diésel a la salida de las refinadoras y mayor a la paridad de importación del gasoil.
Por el contrario, el precio de exportación del aceite de soja (insumo que representa el 90,4 por ciento de la composición del biodiesel, el resto es metanol) fue en los últimos nueve años mayor al precio de importación del gasoil sustituido, por lo que la incorporación de biodiesel producido localmente no habría resultado en un ahorro de divisas.
Si se llegaran a reducir los cupos obligatorios locales, la industria de “bios” podría correr serios riesgos de desaparecer, mientras que se incrementará fuertemente la oferta de soja, maíz y caña de azúcar, lo que provocaría una baja en los precios de esas materias primas y, como consecuencia, habrá menos ingresos de dólares por retenciones para el país.
Las grandes petroleras sostienen que mantener el régimen de promoción de los biocombustibles costó 6.000 millones de dólares en 15 años.
La Liga Bioenergética salió al cruce de esa información con una amplia declaración. En un comunicado expresó, en primer lugar, que “la producción y la utilización de las bioenergías constituyen las bases de un país sostenible, contribuyendo al desarrollo de economías regionales, agregando valor en origen, permitiendo el autoabastecimiento en materia energética y preservando el medio ambiente”.
También afirmó que la industria que representan “no está subsidiada” a diferencia de otras industrias que necesitan que les garanticen mejores precios que los fijados internacionalmente para hacer inversiones en Argentina y que el sector “evitó importaciones por más de u$s 27.000 millones de dólares en el periodo 2010–2019″.
Asimismo, señalaron los industriales “bio” que “desde hace más de 10 años, los biocombustibles constituyen (y así debe continuar) una política de Estado nacional y federal, que contribuye a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo de economías regionales, la industrialización de producción primaria en origen, la sustitución de importaciones y la diversificación de la matriz energética”.
La Liga recalcó que los biocombustibles aportan sostenibilidad ambiental por el ahorro que genera en la emisión de gases de efecto invernadero; desarrollan las economías regionales.
Con sus 54 plantas en 10 provincias y más 60.000 fuentes de trabajo, agregan valor a la soja, maíz y el azúcar; sustituyen importaciones para evitar fuga de dólares y compras de gasoil al exterior, y ayudan a la diversificación de la matriz energética nacional.
Representan al sector privado en la Liga Bioenergética, la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Industria Sucro Alcoholera, la Cámara de Bioetanol de Maíz y de la Cámara de Industrializadores de Granos, Productores de Biocombustibles de Origen (Cigbo) y la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
ABC Rural
