Soja: ROSARIO
$280.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$183.500 -0.70%
Trigo: ROSARIO
$198.500 -0.50%
Por Agroempresario.com
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras, expresó su rechazo al aumento de 33% de los derechos de exportación a la harina y aceite de soja ya que “atenta contra la industrialización de la oleaginosa en el país”.
En esa línea, continuó: “Desde nuestra visión, más allá de ratificar el contenido del comunicado, hemos hecho muchas propuestas que el Gobierno descartó. Ahora, al Gobierno le toca constituir un Fondo Estatal para subsidiar a la molinería entendiendo que no necesariamente va a tener buen resultado porque la harina constituye sólo un 20% en el precio final del pan. Además, al panadero le siguen subiendo todo tipo de costos como por ejemplo el alquiler; con lo cual lo más probable es que no tengamos resultado en ese sentido y no se beneficien los consumidores pero sí se castigue la principal industria del país que es la industria aceitera”.
Respecto al conflicto bélico militar entre Rusia y Ucrania, y cómo influye en la economía de nuestro país, Idígoras fue claro: “El conflicto por supuesto tiene consecuencias desagradables y reprochables desde todo punto de vista, sin embargo ha generado distintas oportunidades para la Argentina. Hay nuevos mercados que están demandando productos argentinos; Europa está queriendo comprar maíz y otros mercados están queriendo comprar aceite de girasol, tanto Medio Oriente como también el norte de África. Tenemos buenas oportunidades pero por el momento el Gobierno está restringiendo todos estos productos con cuotas de exportación y es probable que Argentina termine perdiendo esta oportunidad de posicionamiento y estos altos precios”, concluyó. 
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja al 33%, atentando contra la industrialización de la soja en el país.
Estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. Esta medida es una clara indicación de que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El gobierno tenía opciones diferentes al castigo impositivo, que están dadas por la coyuntura internacional de la suba de precios. Entre el 15 de febrero al 17 de marzo el Estado argentino incrementó sus ingresos fiscales por retenciones en el complejo cerealero-oleaginoso por más de 1330 millones de dólares (fuente Bolsa de Cereales de Buenos Aires), y podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales.
Como opción alternativa también podía el Gobierno abrir nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo que le podrían reportar no menos de 700 millones de dólares no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación; dado que el abastecimiento nacional está garantizado todo el año por el régimen de volúmenes de exportación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Sin embargo, el gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional. Toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país. Recordemos además que cada barco de aceite de soja exportado, el Estado es dueño del 46% de su valor y ahora se queda con una porción mayor (FADA 2021).
La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Decreto.
Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos.
