Impuestos invisibles: la cantidad de costos ocultos que pagamos día a día sin saber

a Argentina es un país con una presión tributaria muy alta, plagado de impuestos de mala calidad que afectan la competitividad de la economía. Pero quizá lo más preocupante de esta maraña impositiva sea lo que se conoce como “impuestos invisibles", que son aquellos que vienen incluidos en los precios de los bienes y servicios sin que el consumidor conozca en detalle su peso sobre el valor final.

Cada vez que un argentino hace su compra de alimentos y bebidas en un comercio, paga, sin saberlo, un 41% del total de su cuenta en concepto de un sinnúmero de impuestos municipales, provinciales y nacionales, cuya participación ha ido en aumento en los últimos años. Ese no es el único caso, pero sí uno de los más ilustrativos del fenómeno.

El economista Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), explica que en la Argentina los productos alimenticios de consumo masivo que pasan por un proceso industrial de elaboración y por una cadena comercial de distribución incorporan en su precio las retribuciones a los insumos, fuerza laboral, rentabilidad empresarial, así como también impuestos de los distintos niveles de gobierno.

En un trabajo especial realizado por el Iaraf se detalla cuáles son estos “impuestos invisibles”. A nivel nacional, están el IVA, Ganancias, impuesto al crédito y débito bancario (conocido como impuesto al cheque), impuestos internos y cargas de seguridad social; a nivel provincial, Ingresos Brutos; y a nivel municipal, la tasa de inspección, seguridad e higiene.

Argañaraz afirma que en la Argentina hay una bajísima visibilidad de la carga impositiva. “Eso hace que para el ciudadano sea poco probable conocer cuánto le cuesta el Estado. Acá se sabe cuánto llega de Automotor o Inmobiliario, pero no se tiene la más remota idea de cuánto se paga de impuestos cuando se consume algo”, opina el economista.

Sin embargo, los impuestos invisibles no son exclusivos de alimentos y bebidas, sino que también están presentes en la mayoría de los bienes y servicios que se pagan como, por ejemplo, la comida en un restaurante, la noche en un cuarto de hotel, la transacción bancaria o la construcción de un inmueble, por citar solo algunos casos.

Así, la gente se sorprendería si supiera en detalle que cuando abona una comida en un restaurante en realidad solo está pagando el 62,7% por lo que efectivamente comió y bebió, puesto que el resto no llegó a degustarlo siquiera: en efecto, el 37,3% restante corresponde a una porción de IVA, Ganancias e Ingresos Brutos, debidamente condimentada con cargas de la seguridad social, impuesto inmobiliario, tasa de inspección, seguridad e higiene, con una guarnición de impuesto al crédito y débito bancarios.

Marcelo Capello, economista del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), señala que en la Argentina, en 2019, un 54% de los ingresos tributarios de la Nación y las provincias provenían de los impuestos indirectos (IVA, Ingresos Brutos, impuestos internos, derechos de importación), que son los más difíciles de percibir para el consumidor.

“Si nos concentramos en los impuestos indirectos, que son la mayoría de los invisibles, pero no los únicos, vemos que pasaron de representar el 15,4% del PBI en 2005 al 17% en 2015 y el 16,6% en 2019. La caída observada desde 2015 se debió principalmente a la reforma tributaria nacional y provincial, pero es probable que estemos transitando un nuevo cambio de tendencia en materia tributaria, por las subas ya anunciadas para 2020, pero también ante el riesgo de que las provincias y los municipios retomen el camino alcista en sus principales tributos, como hicieron entre mediados de los 2000 y el año 2015”, explica.

Argañaraz insiste en que estos impuestos desconocidos por la gente de a pie deberían consignarse claramente en la factura, tal como sucede en los Estados Unidos con el impuesto a las ventas. “Eso es un derecho que cada ciudadano tiene a que se le transparente el peso impositivo que debe afrontar en cada transacción”, comenta el especialista.

Por su parte, el tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, subraya que en el sistema tributario argentino estos impuestos invisibles para el ojo del consumidor abultan aún más la maraña impositiva que recae sobre los contribuyentes. “Actualmente, entre tributos nacionales, provinciales y municipales, la sumatoria asciende a 164. Resulta como mínimo incómoda o inexplicable para transmitir a los alumnos de grado y también a los potenciales inversores tamaña cantidad de contribuciones”, precisa el experto.

Por si todo esto fuera poco, agrega Litvin, en Ingresos Brutos prolifera una serie de regímenes de retención, percepción y otros pagos a cuenta que provocan en muchos casos saldos a favor del contribuyente, pero cuya devolución requiere trámites laberínticos difíciles de sobrellevar para las pymes. “Esta es la forma que encontraron las provincias para financiarse a tasa cero, a costa de la evaporación del activo fiscal”, sostiene, a la vez que acota: “Sería esclarecedor discriminar en las facturas cada ítem impositivo para que el ciudadano conozca fehacientemente qué parte de lo que paga se la queda el Estado (nacional, provincial y municipal)”.

Está más que claro, según los especialistas consultados, que este tipo de impuestos se mantienen ocultos, porque de ese modo resultan mucho más cómodos de recaudar y menos “espanta votos” a la hora de las elecciones, porque la gente, si bien sabe o sospecha que están, no los tiene tan presentes como los que son más directos.

Según Argañaraz, debería haber un proceso de restablecimiento del contrato social, con una exigencia del ciudadano para darles visibilidad a estos impuestos. “El primer paso sería poner en la factura IVA, Ingresos Brutos y tasa de seguridad e higiene. Después, debería diseñarse un esquema para que cada gobierno (nacional, provincial y municipal) les dé mayor transparencia a todos los impuestos que se cobran en la Argentina. Eso está incluido en varias leyes, pero nunca se lleva a cabo”, enfatiza el especialista.

“Si el contribuyente no se da cuenta de que le están cobrando un impuesto, porque viene escondido en el precio, resulta difícil que pueda preocuparse por controlar la calidad del bien o servicio público que recibe a cambio”, añade Capello.