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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, participó en el primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe. La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador.
El objetivo del encuentro consistió en generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe y reunió a las Partes del Acuerdo de Escazú, a especialistas en la temática, defensores de derechos humanos, miembros de pueblos indígenas, comunidades locales y personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
El evento fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador. Contó con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.
Entre los 13 países que procedieron a la ratificación se encuentra Argentina, que notificó el 22 de enero de 2021 que es Estado parte del acuerdo. La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, perteneciente a la cartera ambiental nacional, fue designada como punto focal para su implementación en el país.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
