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Trigo: ROSARIO
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Un análisis de Aduana determinó que, hasta mediados de 2022, la operatoria de comercio exterior de ajo se estaba desarrollando con un elevado grado de irregularidad. El organismo que dirige Guillermo Michel ha aplicado matrices de riesgo para ordenar el mercado, asegurar la liquidación de divisas y reducir el perjuicio sobre los productores agropecuarios que obran en forma debida.
En un caso emblemático, la Aduana denunció penalmente a la firma Agroexportadora Hortalizas del Sur S.A por apelar a triangulaciones indebidas para subfacturar 64 permisos de embarque. Finalmente, el organismo aplicó multas por más de US$ 15 millones en el marco de la causa por contrabando.
La verdadera maniobra consiste en comprar grandes cantidades de mercadería en efectivo a valor blue, de manera informal, exportarla y luego faltar a la liquidación de las divisas de las operaciones. Así, explotan la brecha cambiaria en forma indebida para obtener márgenes de, presumiblemente, cerca del 25%.
Al respecto, Michel señaló: “Somos implacables con este tipo de maniobras para apoyar a los productores agropecuarios genuinos, que son una importante fuente de empleo y divisas para la Argentina. Las empresas cáscara, en cambio, no son más que carpetas en un despacho y desprestigian el rubro”.
En efecto, el diagnóstico encomendado al comienzo de su gestión encontró que las exportaciones de ajo —que tienen un volumen anual de cerca de 115 mil toneladas (en promedio)— estaban viciadas por la presencia de empresas apócrifas que utilizan la operatoria de comercio exterior como pantalla para la especulación financiera.
Así, la Aduana ha detectado que el 39% de los exportadores de ajo son insolventes: se encuentran o bien bajo fiscalización en el marco de la IG N° 1041/19 (DI PYNF), referida a sujetos que emiten facturas apócrifas, o bien ya determinados como usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera.
A su vez, el 63% de las exportaciones de ajo (en términos de valor) fue registrado por operadores con incumplimientos en materia de liquidación de divisas (cabe destacar, el plazo para la posición arancelaria en cuestión es de 180 días).
Las empresas de este tipo, en definitiva, funcionan como pantallas, ya que suelen carecer de bienes, capital e, incluso, personal para el volumen con el que operan.
Días atrás, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó en Mendoza 200.000 kilos de ajo colorado tratado valuados en $ 30.000.000 que carecían del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal necesario para trasladar este tipo de mercadería.
Inspectores del organismo que conduce Carlos Castagneto realizaron un operativo de fiscalización en un predio de la localidad mendocina de Los Corralitos con el fin de analizar la documentación que justifique la tenencia de la mercadería acopiada en depósitos. Allí, detectaron que el ajo almacenado no tenía la documentación respaldatoria. Debido a esas inconsistencias, se llevó a cabo la interdicción de lo hallado.
El operativo contó con la colaboración de personal de la Policía Federal.
Estos procedimientos forman parte de las tareas de fiscalización y control sobre grandes establecimientos agropecuarios e industriales que intervienen en la comercialización y el consumo de granos, para evitar maniobras fraudulentas que faciliten la evasión de las obligaciones fiscales y resten transparencia a las operaciones de comercialización. De esta manera, el organismo focaliza sus esfuerzos en la desarticulación de potenciales maniobras de evasión fiscal que puedan impactar negativamente en la recaudación impositiva y al mismo tiempo resulten en competencia desleal para los productores genuinos que cumplen con la normativa vigente.
Agrofynews
