Establece los criterios con los que se construye en el distrito, tras la demanda de organizaciones barriales que denunciaron un impacto negativo de la normativa, aprobada en 2018, al ampliar las zonas y los topes de altura para nuevos edificios.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron a Télam que «entre fin de mes y los primeros días de diciembre» llegará al Parlamento una propuesta con cambios para unos 15 barrios porteños que pretende dar respuesta a la «tensión» en materia de planificación urbana que generó el Código desde que entró en vigencia cinco años atrás.
La normativa en cuestión fue sancionada por la Legislatura en 2018 con el propósito de ampliar los topes de altura de los futuros edificios en toda la Ciudad, sin distinciones de zonas, lo que ocasionó la aparición de construcciones en altura en barrios que tenían casas bajas.
También, en cinco años, proliferaron las demoliciones de inmuebles de valor patrimonial y se permitió la eliminación de espacios conocidos como «pulmón de manzana» y «retiro de frente» que son considerados clave para el ambiente ya que aportan superficie verde y absorbente.
Con este escenario, vecinos y vecinas conformaron la Red Buenos Aires que denunció «la destrucción de la identidad de más de 20 barrios» y pidió la declaración de la «Emergencia Urbanística Ambiental» provocada por el fenómeno inmobiliario en el distrito.
Tras meses de reclamo, el Ejecutivo -que permanece en proceso de transición entre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y la de Jorge Macri que asumirá el 10 de diciembre- ultima los detalles de un proyecto de ley para reformar algunos artículos del Código Urbanístico vinculados a limitar las alturas permitidas en los barrios para futuras las construcciones.
Si bien no trascendió el texto oficial, el borrador de la propuesta fue adelantado por funcionarios porteños en una reunión del Foro Permanente Participativo del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del cual participaron 200 personas el miércoles pasado a través de la plataforma Zoom.
La intención del Gobierno porteño es que sea aprobado en primera lectura en la Legislatura con la nueva integración parlamentaria, tras la renovación de 30 diputados y diputadas de los 60 que conforman el recinto que se ocurrirá en diciembre, y dejar la segunda sanción recién para marzo del 2024 ya que es una ley que también requiere de una audiencia pública.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en tanto, consideraron que «el proyecto de ley de modificación que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura será una modificación parcial para atender la emergencia urbanística y ambiental en la que se encuentran algunos barrios de la ciudad como consecuencia de la sobre construcción descontrolada».
«El Gobierno de la Ciudad, una vez más, pone en evidencia su falta de entendimiento respecto a cómo deberían ser las instancias participativas para discutir democráticamente cuestiones tan sustanciales para la ciudad como es su planificación», agregaron.
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