Esta medida rige por 90 días hasta que el Concejo Deliberante sancione una ordenanza. La decisión de la Justicia alcanza a las pulverizaciones terrestres con agroquímicos.
El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh y dispuso en el ámbito de ese distrito bonaerense una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos. El Ministerio Público Fiscal (MPF) determinó la prohibición de las pulverizaciones en un rango de 300 metros contados desde que termina la zona urbanizada. Sin embargo, en los restantes 300 metros se pueden aplicar productos con grados de toxicidad baja, identificados con banda azul o verde, y de baja volatilidad.
Los legisladores deberán tomar una medida antes de febrero. La medida cautelar fue requerida por la fiscal Mc Intosh, cuyo dictamen contó con la adhesión del asesor de menores Pablo Lega, en el marco de una investigación que lleva a cabo el MPF por el delito de envenenamiento de agua potable, alimentos o medicinas. Se trata de un delito que está tipificado en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55 y 56 de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos.
“Antes de dictar la medida cautelar, el juez Heim convocó a una audiencia pública de la que participaron las víctimas, las personas que explotan el predio fumigado, los representantes de los ministerios públicos, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Municipalidad de Pehuajó, del Concejo Deliberante, del área de salud, activistas ambientales, propietarios rurales y otros miembros de la comunidad”, informó el MPF.
El padre, una niña que vive frente al predio pulverizado, realizó la denuncia. Según informó el MPF se constató que hubo un efecto en forma directa en la salud de al menos cuatro personas.
La denuncia detalló que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó. “El pedido de la fiscalía para la suspensión de las aplicaciones se fundamenta en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano”, informó el MPF.
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