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Incorporación a las subastas de energías renovables de criterios de adjudicación no económicos (como la sostenibilidad, la innovación o el impacto social) con una ponderación máxima del 30%; fijación de plazos máximos de tramitación para parques eólicos marinos; medidas de impulso al almacenamiento hidroeléctrico de energía y a la repotenciación de bombeos; reserva específica para los autoconsumos (10%) en los concursos de nudos; prórroga del impuesto a las compañías energéticas (que se podrán deducir -ojo- si invierten en renovables) y "futura revisión" de ese gravamen "para su plena integración en el sistema tributario"... Son algunas de las medidas aprobadas ayer en el último Consejo de Ministros del Año. Aquí están todas.
A saber: exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva; descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos; un nuevo "instrumento financiero", denominado Fondo de Coinversión (FOCO), que estará dotado con 2.000 millones de euros, y cuyo objetivo es atraer "empresas privadas que acometan inversiones en España en actividades alineadas con los objetivos del Plan de Recuperación como la transición energética"; y tipos impositivos reducidos sobre los suministros de electricidad, gas natural, combustibles de biomasa empleados para la calefacción -como pellets o briquetas-, así como para los suministros de calor. El último Consejo de Ministros del año 2023 ha alumbrado un real decreto-ley que ha dejado una retahíla interminable de titulares (en materia de energía). Aquí los repasamos todos, uno a uno.
• El Gobierno ha decidido mantener una cierta rebaja fiscal sobre el IVA de la electricidad que consumen los hogares. El tipo de IVA será el reducido del 10% sobre todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad. Dicha medida abarcará todo el año 2024. El anterior tipo impositivo era del 5% (el de 2023, por lo que este año se dobla ese tipo). Eso sí: antes de la crisis energética, la tributación era del 21%.
• El IVA del gas será del 10%, y estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo del próximo año. Este tipo de IVA (10%) también se aplicará además a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción. En este segundo caso, sin embargo, el periodo comprendido para aplicar el tipo abarcará el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de ese mismo año. Antes de la crisis, el IVA en ambos casos era del 21%. En 2023, el tipo aplicado era del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
• El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) mantendrá asimismo una "reducción en su tipo impositivo" en el primer semestre de 2024. Este impuesto alcanzaba el 5,113% antes de que el Gobierno empezara a impulsar medidas. En 2023 el IEE ha estado fijado en el 0,5%. Ahora, y durante el primer trimestre de 2024, el tipo del IEE quedará fijado en el 2,5%. En el segundo trimestre, pasará al 3,8%.
• En cuanto al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía (que pagan los productores de electricidad), el Gobierno ha decidido impulsar lo que denomina como "una recuperación gradual del mismo tras el descenso de los precios de la electricidad y la normalización del mercado eléctrico". Este impuesto (7%) estuvo suspendido durante 2023. "Durante 2024 -informa el Gobierno-, la base imponible será el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica". Eso sí, en el primer trimestre -matiza el Ejecutivo-, esta base será minorada en la mitad de las retribuciones que correspondan a la electricidad incorporada al sistema. En el segundo, lo será en una cuarta parte de las retribuciones de la electricidad incorporada al sistema.
• Se mantienen los límites aplicados al crecimiento de la Tarifa de Último Recurso de gas (TUR), que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal, al que pueden acogerse las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural. El precio máximo que podrá alcanzar el butano seguirá establecido en 19,55 euros por bombona.
• Los cargos de la electricidad se mantendrán en el mismo nivel que ahora durante todo 2024, esto es, alrededor de un 55% por debajo del nivel que tenían en 2021, antes del estallido del conflicto en Ucrania.
• Se extiende seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva.
«Todas estas medidas garantizarán el objetivo de mantener una reducción significativa de la factura de productos energéticos de los hogares, en particular durante el periodo invernal. Lo que se compaginará con la normalización de los precios de mercado, que han experimentado rebajas sustanciales con respecto a los periodos de mayor tensión, como el récord de los precios del mercado mayorista de 2021 y la invasión rusa en Ucrania iniciada en febrero de 2022»
El Ejecutivo anunció ayer que ha decidido prolongar, durante seis meses con carácter general, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables; ha decidido así mismo prolongar los descuentos reforzados del bono social y las tres categorías de beneficiarios; una fiscalidad reducida para gas y electricidad; los vigentes cargos de la electricidad; las ayudas para las tarifas reguladas de gas (TUR) o la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva, entre otras medidas. Todo ello, "en vista de la persistencia de las tensiones inflacionistas y de la incertidumbre que continúa afectando a los mercados internacionales, ahora también por la guerra en Gaza".
Quedan aprobados descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos.
Todas estas disposiciones de protección -explica el Ejecutivo- se financiarán "con cargo al superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 y el que pueda registrarse en 2023" así como con "partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado".
Especial mención merece la ampliación, en tres años, del plazo de tramitación de nuevos proyectos de generación de energías renovables, que era una demanda del sector. Con el objetivo de potenciar la generación de energía renovable y la industria asociada a la transición ecológica -explica el Gobierno-, ha sido ampliado hasta los ocho años (antes eran cinco) el plazo de tramitación de nuevos proyectos de renovables. A ello podrá acogerse, "de forma voluntaria", cualquier promotor.
«Con la intención de potenciar la industria europea asociada a la transición energética y de evitar tensiones en la cadena de valor que pueden encarecer los proyectos y aumentar las importaciones de bienes de equipo, el Ejecutivo ha modificado los hitos de la tramitación administrativa que deben cumplir los nuevos proyectos de energías renovables que estableció el Real Decreto-ley 23/2020,
Con esta modificación también se propicia una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de la senda para cumplir los objetivos nacionales de producción de energía limpia fijados para 2030 y beneficiar más a toda la economía en un contexto de creciente electrificación.
Por lo tanto, el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto se incrementa seis meses, hasta los 49 meses. Además, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación; sólo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante. El plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años»
La Unión Española Fotovoltaica, asociación empresarial del sector, ha recibido con satisfacción la medida. Gracias a esta prórroga, las empresas promotoras -explican desde UNEF-, contarán con el tiempo necesario para conseguir la financiación requerida y para realizar el despliegue de los proyectos con los mayores estándares de integración social y medioambiental posibles.
También merece mención especial la incorporación de "criterios cualitativos" en las subastas de renovables. Estos -apuntan desde el Ejecutivo- reconocerán "el valor añadido social y ambiental de la industria europea". Las subastas para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables -explica el Gobierno- podrán así incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%, como la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto u otros aspectos que mejoren la integración de las renovables en el sistema eléctrico.
El Consejo de Ministros anunció ayer además que queda reservado, "para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo", el 10% de la capacidad "de todos los nudos de la red de transporte de electricidad reservada para celebrar concursos de acceso". El Gobierno se compromete además a facilitar "el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, habilitando a las comunidades autónomas -encargadas del reparto de fondos territorializados- a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación".
"Con el objetivo de aportar certidumbre a las instalaciones de cogeneración, biomasa y tratamiento de residuos", cuyos costes de explotación dependen esencialmente del coste del combustible, el Gobierno aprobó ayer los valores de referencia para calcular sus ingresos regulados a partir del próximo 1 de enero, como el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas.
La retribución a la operación que percibirán estas de instalaciones durante el primer semestre de 2024 asciende a 685 millones para la cogeneración y el tratamiento de residuos, y 2,23 millones para la biomasa. "Estas cifras -explica el Ejecutivo- no implican sobrecoste con relación a las estimaciones de la propuesta de metodología para actualizar la retribución a la operación que inició su tramitación en noviembre".
El Gobierno considera el almacenamiento de energía "fundamental para la integración de grandes volúmenes de producción renovable y la electrificación acelerada de la economía". Y por ello ha integrado el almacenamiento entre los usos del agua, ubicándolo en tercer lugar en el orden de preferencia establecido, solo por detrás del abastecimiento a poblaciones y el uso agrario, y por delante de la producción de energía eléctrica y de otros usos industriales. Igualmente, se adaptan las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo para que se consideren como almacenamientos hidráulicos de energía y se propicie su repotenciación.
El texto del real decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno las deducciones de IRPF vinculadas a las obras realizadas con ese fin. Así, extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos.
Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades. Unos porcentajes sujetos al tipo de vivienda y a la profundidad de las obras que se realicen para lograr el objetivo de reducir el consumo y obtener los certificados correspondientes que así lo avalen.
Hay también prórroga en la "libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables".
El real decreto-ley incluye la prórroga durante 2024 de los dos gravámenes temporales previstos en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
Además, contempla la futura revisión de ambos gravámenes para su plena integración en el sistema tributario. De la misma manera, también se prevé una posible concertación con las comunidades de País Vasco y Navarra.
El texto plantea además el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales de 2024 de un incentivo para que los obligados al pago en el sector energético accedan al mismo si realizan inversiones estratégicas desde 1 de enero de 2024.
El Ejecutivo ha prorrogado así mismo la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las comunidades autónomas. Circunstancia que está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.
Por fin, se crea un nuevo instrumento financiero, el Fondo de Coinversión (FOCO), que estará dotado con 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU que se despliegan en la segunda fase del Plan de Recuperación.
El objetivo de este fondo es contribuir a la transformación del modelo productivo español mediante la atracción de inversión extranjera hacia empresas privadas que acometan inversiones en España en actividades alineadas con los objetivos del Plan de Recuperación como la transición energética.
Y un apunte más, no menor: las empresas beneficiarias de ayudas directas -recalca el Gobierno- no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos hasta el próximo 30 de junio.
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