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Tras el retiro del capítulo fiscal del Gobierno de la ley ómnibus, todavía quedan algunos puntos relacionados con el sector agropecuario que buscarán tratamiento en el Congreso. Si bien hay aspectos que fueron duramente cuestionados durante las exposiciones que hicieron cada uno de los sectores en el recinto, hubo otros que fueron admitidos sin mucho preámbulo en el dictamen de Comisiones, que se va a comenzar discutir en los próximos días en la Cámara de Diputados.
En la lista de los principales están la ley de Biocombustible, el Régimen Federal Pesquero, la Upov-91 (propiedad intelectual en semillas), la ley de Manejo del Fuego, la privatización del INTea, y la aprobación de un régimen igualitario de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales o se elaboran o depositan productos de origen animal.
En el caso de los biocombustibles, el Gobierno busca la desregulación del mercado. Las mezclas teóricas actualmente son: biodiésel con gasoil 7,5%; el corte de las naftas con bioetanol es de 12%: 6% de caña y 6% de maíz. A partir de la modificación de la ley, se busca que las mezclas en biodiésel tengan un piso de 10% hasta llegar al 12,5% en 2026. Esta puede bajar hasta el 3%. Este tiene mayor incumplimiento de corte.
En la propuesta de bioetanol del proyecto de ley ómnibus se habla de un corte del 12%, además, otorga facultades a la Secretaría de Energía de aumentarlo del 12% al 15% a 2026. Puede bajar hasta el 3% en el bioetanol de maíz, en determinadas condiciones. Se eliminan los cupos y los precios regulados: se permite ingresar al abastecimiento interno a las grandes firmas de crushing de soja. Además, en los biocombustibles se abre un régimen licitatorio, uno para las grandes multinacionales y otro para el resto de las pymes.
Según explicó Claudio Molina, un experto ligado al agro en bioenergías, el gobierno de Javier Milei intenta a través de estas modificaciones que haya más competencia entre los distintos productores de los biocombustibles y que los precios, tanto del biodiésel como bioetanol, sean más bajos que los actuales. “El mercado de combustibles líquidos es muy imperfecto, por lo tanto, hay una falla de mercado porque hay pocos jugadores y no se dan las condiciones de una competencia perfecta”, dijo.
En los últimos días, en la industria pesquera hizo ruido la decisión del Gobierno de avanzar hacia la modificación del régimen actual. Entre los cambios principales y cuestionados por los empresarios está la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero –que representan cinco provincias con litoral marítimo–. En la industria aseguran que estas modificaciones reinstalan viejas disputas entre la Nación y provincias. Además, en la propuesta de ley se cambia el criterio de asignación de cuotas de pesca. Hasta ahora se asignan por buque con base en una serie de criterios objetivos contenidos en una ecuación: mano de obra empleada, inversiones, historia de captura del buque e historial de infracciones.
“Se pretende ahora dejar de lado el actual sistema, basado en un criterio objetivo de concurso por antecedentes históricos, tanto de mano de obra empleada, capturas de las especies, inversiones y otros, por un sistema de licitación al mejor postor, sea este nacional o extranjero”, dijo Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca).
En materia de desarrollo genético de semillas, el Gobierno también intenta a través de este proyecto la aprobación del Poder Legislativo para adherir a la Argentina al Acta de Upov-91. Si bien, diferentes entidades productores manifestaron su posición en contra de esta decisión, en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), resaltaron que lo dispuesto en el proyecto de ley significa un salto cualitativo para la Argentina. Alfredo Paseyro, director Ejecutivo de ASA, dijo que de los 78 países que integran la Upov, 61 ya adhieren a Acta de 1991, por lo que en este sentido “se debe contar la legislación adecuada para competir en igualdad de condiciones para poder relacionar al país con otros de la Unión Europea, así como Japón, Canadá, Australia, Perú, Estados Unidos y otros”, expresó.
No obstante, en los últimos días, la Federación Agraria Argentina (FAA) se reunió con autoridades de la Secretaría de Agricultura para plantearle la preocupación ante los cambios que se podrían realizar en el uso de las semillas para la siembra si se avanza con esta medida.
Una de las pocas leyes hasta ahora vigentes y que quedarían derogadas por mayoría dentro de la ley ómnibus es la Ley 26.815. En la propuesta que está en el Congreso se establece que deje de regir la prohibición del uso de manejo de fuego para la actividad productiva. Se trata de la derogación de la ley de Manejo del Fuego que impulsó el diputado (UxP), Máximo Kirchner y se aprobó en 2020. La norma prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas en plazos que se extienden hasta los 60 años.
En la norma no hay cambios en la autorización del fuego con fines productivos que tienen algunas provincias, según explicó, Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), esto se mantiene igual. No obstante, las provincias que lo permiten pueden solicitar la autorización y tienen 90 días para otorgarlo; si no hay respuesta, se puede hacer uso del “principio de silencio”. El fuego también se utiliza como herramienta de quema de control.
Luego de que se publicara en el anexo el listado de las empresas que el Estado busca privatizar, también se conoció que el INTea, estaría entre la veintena de organismos que quedarían bajo el mando de un privado. El INTea es una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el INTA. Se constituyó como sociedad anónima con un capital integrado mayoritariamente por el INTA, que posee aproximadamente un 97,5%, el resto por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA). Tiene, hasta ahora, 43 trabajadores, 39 dedicados a labores en el campo y el resto en la administración, incluyendo un directorio que trabaja ad honorem. Comercializa los desarrollos tecnológicos del INTA y administra la producción de los campos del Ejército, de la Armada y del propio INTA.
Según trascendidos, el INTea quedaría afuera del listado de las empresas a privatizar, aunque en el directorio de este organismo todavía no tenían confirmación.
Otro de los puntos es el de unificar a nivel nacional el status sanitario de la faena de carnes, particularmente la bovina. Así, se propone un régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, o se elaboran o depositan productos de origen animal. El Gobierno busca establecer los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos higiénicos, sanitarios y ambientales de elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo en cualquier parte del territorio del país o a la exportación.
Las normas las delegará la Secretaría de Agricultura, y deberán estar contenidas en un Digesto Sanitario Único cuya actualización tendrá a cargo dicha autoridad. El Senasa determinará los sistemas de control higiénico-sanitarios y ambiental, aplicando y supervisando su ejecución, con facultades de inspección, sancionatorias y las que resulten de las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo nacional. Las provincias podrán dictar normas complementarias que no contravengan las disposiciones de esta ley y su reglamentación frente a emergencias sanitarias concretas que afecten a una determinada provincia y que supongan elevar las exigencias sanitarias de manera razonable y proporcional a la emergencia.
La Nación Campo
