En la recién finalizada 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, se observaron notables ajustes en la política exterior argentina, marcando un hito en su enfoque internacional.
Argentina renovó su participación en los grupos proponentes de resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, en vista del continuo deterioro de la situación en ambos países. Este movimiento subraya el compromiso del país con la defensa de los derechos humanos en la región.
Por primera vez en la historia de este organismo, Argentina se unió como copatrocinador a los proyectos de resolución sobre la situación de derechos humanos en Irán y sobre Ucrania, en respuesta a la invasión rusa. Además, volvió a copatrocinar los proyectos de resolución sobre la República Popular Democrática de Corea y Myanmar.
En cuanto a votaciones, Argentina respaldó los proyectos de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, la República Árabe Siria y Sudán del Sur, que renovaron mecanismos internacionales de investigación. Además, abogó por el consenso en la adopción de proyectos sobre Haití y Malí.
En relación al conflicto en el Territorio Palestino Ocupado, Argentina expresó preocupación por el deterioro humanitario e instó a un alto al fuego para permitir la llegada de ayuda humanitaria. También condenó los ataques terroristas de Hamas contra Israel y abogó por la liberación de los rehenes. Sin embargo, votó en contra de un proyecto de resolución por considerarlo desequilibrado al no mencionar a Hamas como autor de los ataques.
Argentina se abstuvo en los proyectos de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados debido al enfoque discriminatorio del tema bajo el ítem 7, que selecciona solo a Israel para su examen.
El país reiteró su apoyo a una solución basada en la creación de un Estado palestino independiente y democrático, asegurando la paz y la seguridad para ambas partes.
Este enfoque refleja la política de estado de Argentina en la protección de los derechos humanos a nivel global, basada en el respeto a la libertad, la democracia y el estado de derecho, sin prejuicios ideológicos.