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Por Agroempresario.com
En un contexto de creciente interés por el desarrollo de Vaca Muerta, se desata una disputa política entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la instalación de una planta de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL) en el país. Se estima que esta inversión, liderada por Petronas e YPF, podría alcanzar los u$s50.000 millones, convirtiéndose en una de las mayores de la historia argentina.
El presidente Javier Milei, conocido por su estilo directo, recientemente declaró que es "obvio" que esta importante inversión se instalará en el golfo de San Matías, en Río Negro, y no en Bahía Blanca, Buenos Aires. Según Milei, la razón principal es la figura de Axel Kicillof, a quien describió como un "comunista expropiador", insinuando que su gestión ahuyentaría a los inversores.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ha mostrado un firme compromiso con el plan nacional de repatriación de capitales, conocido como RIGI, al cual su provincia adhirió rápidamente. Este apoyo al RIGI, según Weretilneck, es un factor clave que podría inclinar la balanza a favor de Río Negro.
Uno de los puntos críticos que influye en la decisión de las petroleras es la estructura de gestión portuaria en Buenos Aires. En esta provincia, los consorcios de gestión portuaria son vistos como entidades que, aunque formalmente no estatales, están estrechamente vinculadas al poder político local. Estos consorcios, que gestionan importantes puertos como los de Mar del Plata, Bahía Blanca y Necochea, son considerados por algunos como "cajas" de recaudación que fomentan el ascenso de dirigentes políticos.
El caso de Bahía Blanca es emblemático. Federico Susbielles, actual intendente y exdirigente de la Confederación de Básquet, logró su cargo tras dirigir el consorcio portuario de la ciudad, apoyado por figuras como Gustavo "Turco" Elías, relacionado con la familia Moyano y mencionado en los Panamá Papers.
Weretilneck, en contraste, ha anunciado su intención de implementar un modelo portuario privado en Río Negro, excluyendo a municipios, gremios y cámaras empresariales de la administración. Según Weretilneck, esto eliminaría los sobrecostos asociados a los consorcios de gestión portuaria bonaerenses y ofrecería un entorno más atractivo para los inversores.
YPF y Petronas están evaluando detalladamente los costos y oportunidades de los posibles destinos para la planta de GNL. Horacio Marín, CEO de YPF, ha insistido en que la decisión no se politizará, aunque reconoce que la estructura de gestión portuaria en Buenos Aires es un factor de peso.
La legislación portuaria actual en Buenos Aires, que data de la década de 1990, permitió la transferencia de la administración de puertos a entes públicos no estatales. Sin embargo, esta estructura ha sido criticada por su opacidad y la influencia política que conlleva. En contraste, Weretilneck apuesta por una gestión más transparente y eficiente en Río Negro, un factor que podría ser decisivo.
La disputa entre Buenos Aires y Río Negro por esta millonaria inversión está en pleno desarrollo, con implicancias significativas para el futuro económico y político de ambas provincias y del país.
