Rechazo del campo ante la posible obligatoriedad de la identificación electrónica de ganado

Por Agroempresario.com

Tras la difusión de un borrador de proyecto de resolución del Gobierno que propone la obligatoriedad de la identificación electrónica de bovinos, bubalinos y cérvidos, las principales entidades agropecuarias expresaron su rechazo a la medida. Insisten en que el sistema debe ser voluntario, argumentando que forzar su implementación afectaría principalmente a los pequeños productores que no exportan, imponiéndoles costos adicionales sin justificación clara.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se manifestó en contra de la medida, subrayando que "no podemos obligar al pequeño productor o a aquel que no le interesa exportar a asumir un costo innecesario". Según Castagnani, no existen argumentos que justifiquen la obligatoriedad, y destacó que aunque los productores cumplen con los requisitos exigidos para la exportación, muchos de estos responden a intereses políticos y económicos tanto internos como externos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó que el documento en cuestión es un proyecto borrador en desarrollo, que aún no ha sido aprobado por la Secretaría de Agricultura ni por el Ministerio de Economía. De acuerdo con el borrador, la medida entraría en vigor el 1º de enero de 2025, fecha a partir de la cual ningún ternero o ternera podría movilizarse sin la identificación electrónica. El objetivo es que para el 31 de diciembre de 2027, todas las categorías de ganado estén identificadas, independientemente de si son movilizadas o no.

La obligatoriedad del sistema ha generado preocupación en diversas entidades. Pablo Sánchez, vicepresidente de CRA, manifestó que no se entienden los motivos detrás de la imposición de la trazabilidad electrónica individual obligatoria. Sánchez señaló que "no nos oponemos a la trazabilidad, pero rechazamos la imposición total de esta medida, ya que no todos los mercados exigen las mismas condiciones".

En la misma línea, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, reconoció las posibles mejoras que la identificación electrónica podría aportar a la cadena de valor, pero subrayó que "es importante que la incorporación sea gradual y con costos compartidos", sugiriendo la implementación de incentivos fiscales y otros beneficios para los productores.

En el sector, también se ha señalado la necesidad de dialogar y buscar un consenso antes de implementar medidas de esta magnitud. Javier Rotondo, vicepresidente de CRA, advirtió que "el Gobierno se va a equivocar si toma una posición muy rígida en cuanto a la relación con el campo". Destacó que, aunque la trazabilidad es crucial para acceder a mercados internacionales, el sistema actual pierde su valor una vez que el ganado llega al frigorífico.

Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que la urgencia de imponer la obligatoriedad es lo que más preocupa. Según él, "si el sistema de trazabilidad electrónica permite obtener precios diferenciales, los productores se sumarán voluntariamente, pero la imposición inmediata generará ruido y complicaciones".

Finalmente, Patricio Killmurray, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), se mostró en contra del proyecto, argumentando que "no es oportuno" y que hay otras prioridades en el sector. Además, advirtió sobre las dificultades que la medida implicaría en ciertas regiones del país, donde las condiciones del terreno complican la implementación del sistema.

En resumen, el campo rechaza la obligatoriedad de la identificación electrónica de ganado, abogando por un sistema voluntario que permita a los productores adaptarse gradualmente y en función de sus necesidades y capacidades. Las entidades piden que el Gobierno convoque al sector agropecuario para discutir la medida y evitar decisiones unilaterales que puedan perjudicar a los productores.