Por Agroempresario.com
En un esfuerzo por detener el avance de la deforestación en la provincia del Chaco, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, ha solicitado una medida cautelar urgente para frenar los desmontes de bosques nativos en la región. La petición surge en medio de una investigación que apunta a la posible comisión de delitos ambientales y administrativos, los cuales podrían provocar daños irreparables al ecosistema chaqueño.
Según Sabadini, las actividades de deforestación en Chaco han sido facilitadas por una serie de irregularidades en la recategorización de tierras, proceso que ha permitido la tala de árboles en áreas protegidas. Estos desmontes, señaló el fiscal, están en contravención de la Ley Nacional de Bosques N° 26.331, así como de otros compromisos internacionales en materia de protección ambiental asumidos por Argentina.
La solicitud de la medida cautelar fue presentada ante la jueza Zunilda Niremperger, quien preside el Juzgado Federal N°1 de Resistencia. En su escrito, Sabadini advirtió que la continuación de las actividades productivas en la zona podría generar "daños irreversibles" al medio ambiente, poniendo en peligro la biodiversidad de la región y afectando a las futuras generaciones.
El fiscal también citó un fragmento de la encíclica "Laudato sí" del Papa Francisco, para enfatizar la importancia de proteger los recursos naturales del planeta. "La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios", expresó Sabadini en su escrito, haciendo un llamado a la jueza para que actúe con prontitud y responsabilidad.
En la misma línea, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció que la tala indiscriminada en Chaco se debe a un entramado de corrupción que facilitó la recategorización ilegal de suelos. La denuncia presentada en julio de este año acusa a varios funcionarios y exfuncionarios provinciales de abuso de autoridad, tráfico de influencias, malversación de fondos y otros delitos relacionados. Entre los imputados se encuentran figuras destacadas del ámbito político y empresarial chaqueño, como el actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs, y el exdirector de Bosques, Miguel Ángel López.
La investigación podría ampliarse si se descubre la participación de más personas en estos delitos. Según Sabadini, el daño causado por los desmontes no solo afecta al medio ambiente, sino que también representa una violación a los derechos de las comunidades locales, incluidos los pueblos originarios, que dependen de estos bosques para su subsistencia.
En su pedido, Sabadini resaltó la necesidad de actuar con urgencia para evitar que la situación se agrave. "El art. 41° de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente tienen como objetivo la prevención de todo daño ambiental, así como impedir su prolongación y agravamiento", explicó el fiscal, instando a la jueza a dictar la medida cautelar que detenga las actividades destructivas en la región.
El caso ha generado una creciente preocupación entre los defensores del medio ambiente y las comunidades afectadas, quienes ven en esta medida cautelar una oportunidad crucial para proteger los últimos vestigios de bosques nativos en Chaco. La resolución de la jueza Niremperger en los próximos días podría determinar el futuro de estos ecosistemas y sentar un precedente importante en la lucha contra la deforestación en Argentina.
Esta medida podría ser un primer paso significativo para frenar la devastación ambiental en Chaco y asegurar que los recursos naturales de la provincia sean gestionados de manera sostenible y equitativa, garantizando así un futuro más verde y saludable para todos sus habitantes.