“En nombre de la Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra preocupación respecto de la reciente media sanción otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires al proyecto de ley que propone una actualización de los intereses en los créditos laborales”, comienza el comunicado.
En tanto, agregan: “Reconocemos la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, sin embargo, consideramos necesario advertir sobre los efectos adversos que esta medida podría generar para la economía provincial, particularmente en sectores esenciales como el agropecuario. El incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores”.
Y destacan “que esta medida legislativa se encuentra en contradicción con los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reciente fallo en la causa Lacuadra. En dicha sentencia, el máximo tribunal subrayó la necesidad de que los intereses aplicados a los créditos laborales sean equilibrados y no se conviertan en sanciones desmedidas que puedan comprometer la supervivencia de las empresas. La divergencia entre la jurisprudencia de la Corte Suprema y la propuesta legislativa crea un ambiente de inseguridad jurídica que podría desincentivar la inversión y afectar negativamente el clima de negocios en nuestra provincia.”
“El sector agropecuario, uno de los pilares de la economía provincial y nacional, sería particularmente vulnerable a los efectos de esta ley. Empresas dedicadas a la producción agrícola y ganadera, ya afectadas por los crecientes costos operativos y las dificultades logísticas, podrían verse obligadas a reducir su actividad, lo que tendría un impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales que dependen de este sector. El cierre de empresas afectaría no solo a los productores, sino también a las numerosas cadenas de valor asociadas a la producción agropecuaria”, manifiestan.
Y expresan que “en vista de estos riesgos, solicitamos respetuosamente que esta Honorable Cámara considere detenidamente los posibles efectos adversos que podría generar la sanción definitiva de esta ley”.
“Entendemos que un análisis equilibrado, que contemple tanto la protección de los derechos laborales como la viabilidad de las empresas, es fundamental para garantizar un desarrollo económico sostenible y justo para todos los sectores de nuestra provincia. Consideramos que una revisión alineada con los principios establecidos por la Corte Suprema permitiría alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad de las empresas”, acentúan.
Por último, expresan: “Agradecemos su atención a esta solicitud, confiando en que se tendrán en cuenta nuestras preocupaciones a la hora de considerar la sanción definitiva de esta ley”.
Agrolink