Por Agroempresario.com
El sector agrícola argentino se encuentra en un contexto complicado, donde la presión fiscal se ha convertido en un tema central de discusión. Según el informe trimestral de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el Estado retiene $61,50 de cada $100 de renta agrícola, lo que representa un 61,5% de la renta neta que queda a los productores tras deducir los costos de producción.
La economista jefe de FADA, Nicolle Pisani Claro, explica que de todos los tributos recaudados, un 64,5% son nacionales no coparticipables, un 30% son nacionales coparticipables, un 4,9% provinciales y un 0,6% municipales. Esta configuración fiscal ha generado un descontento creciente entre los productores, quienes sienten que la mayoría de los impuestos recaen en la Nación y no regresan a las regiones productivas.
Comparando con el informe anterior de junio de 2024, se observa un aumento de la carga fiscal en el sector agrícola, con una diferencia negativa de 1,6%. Este aumento se atribuye a la caída de los precios de los granos, que actualmente se encuentran por debajo de los valores promedio de los últimos cinco años, lo que impacta negativamente en el valor bruto de la producción.
En términos de cultivos específicos, la participación del Estado en la renta es particularmente alta en soja, donde llega al 65,6%. Para el maíz, esta cifra es del 56,6%; en trigo, del 54,4%; y en girasol, del 56,6%. La baja en los precios de los granos, especialmente del trigo, que sufrió una caída del 12,7% en el valor disponible en dólares desde junio, ha exacerbado aún más la situación.
Por otro lado, el informe destaca que los costos de insumos, aunque en dólares oficiales se mantienen estables, han visto incrementos significativos en comparación con el año pasado. Los costos de labores agrícolas, que incluyen siembra y cosecha, han aumentado entre un 200% y 250%, superando la inflación interanual, que se sitúa en torno al 236,7%.
Al analizar la estructura de costos, FADA señala que un 44% de los costos de producción de soja son dolarizados, mientras que en el maíz, el porcentaje asciende al 47%. Estos costos, junto con los impuestos, constituyen un desafío constante para la rentabilidad del sector.
Las variaciones en la participación del Estado también dependen de la provincia analizada. Por ejemplo, Córdoba presenta una participación del 62%, Buenos Aires del 58,4%, y Santa Fe del 57,8%. Pisani Claro aclara que estos índices no solo reflejan la carga impositiva, sino que también consideran los rindes, costos de producción y fletes, lo que añade complejidad a la situación fiscal de los productores.
En conclusión, el informe de FADA destaca la necesidad de una revisión profunda del sistema impositivo que afecta al sector agropecuario, que enfrenta no solo un contexto de precios bajos, sino también una creciente presión fiscal que limita su rentabilidad y desarrollo.