Por Agroempresario.com
La reciente ola de incendios forestales en Córdoba ha dejado una profunda huella en la región, consumiendo miles de hectáreas y generando un fuerte clamor de las sociedades rurales del Arco Noroeste. Estas entidades han manifestado su preocupación y denunciado lo que consideran una “legislación cómplice y mentirosa” que ha contribuido a agravar la crisis actual.
En un comunicado conjunto, las sociedades rurales expresaron su solidaridad con los afectados y con las fuerzas vivas de la región, al tiempo que criticaron la inacción de las autoridades ante esta catástrofe. “La negligencia o intencionalidad debe ser condenada, esperamos que así sea”, afirmaron, subrayando que la raíz del problema va más allá de la acción de algunos individuos.
Marcelo Barra, presidente de la Sociedad Rural de Deán Funes, hizo hincapié en la recurrente tragedia que azota al departamento Ischilín, recordando que los recientes incendios han devastado áreas que ya habían sido arrasadas en 2020, cuando se perdieron 320,000 hectáreas. “La clausura que impone la ley actual, combinada con la sequía, conforma un combo que empeora la situación, porque lo único que se logra es que haya más material combustible”, explicó Barra.
Las entidades rurales exigieron una mayor responsabilidad a quienes gestionan el territorio, advirtiendo que “la necesidad de un cambio en las políticas es inminente si se busca proteger no solo a la producción agropecuaria, sino también a las comunidades que dependen de un entorno sano y seguro”.
Asimismo, destacaron que “con esta ley, hay 1.500.000 hectáreas sobre las que no se puede hacer nada, por lo que debe haber un replanteo”. Las Rurales del Arco Noroeste hicieron un llamado a la Justicia, instando a investigar a fondo todas las causas relacionadas con los incendios en Córdoba. “Pedimos que trabaje en todas las causas que incendian Córdoba. La maligna chispa, tal vez, no sea el comienzo de este horror que los ciudadanos viven”, concluyeron.
A medida que las comunidades se recuperan de esta nueva tragedia, queda en evidencia la urgencia de adoptar medidas efectivas que prevengan futuros desastres y protejan tanto la producción agropecuaria como el bienestar de las personas en la región.