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Por Agroempresario.com
En el marco del Congreso de Semillas de las Américas, que se llevó a cabo en Buenos Aires, volvió al centro del debate la relevancia de la protección de la propiedad intelectual en semillas y el fallido intento de Argentina por adherirse al Acta UPOV-91. En una entrevista con La Nación, Yolanda Huerta, secretaria general adjunta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), compartió su visión sobre los beneficios de este convenio para la agricultura y la innovación.
La UPOV, fundada en 1961, tiene como objetivo principal proteger los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales. Argentina es miembro desde 1978, pero aún no ha logrado adherirse al Acta de 1991, que establece un marco más robusto para garantizar la protección de las inversiones en semillas. Según Huerta, países clave como Estados Unidos, España y Australia ya están adheridos a esta versión del tratado, lo que les permite ofrecer mayor seguridad jurídica a los obtentores y fomentar la inversión en el desarrollo de nuevas variedades.
“La adhesión al Acta de 1991 ofrece una garantía de protección que incentiva la colaboración público-privada y favorece el crecimiento del sector agrícola”, afirmó Huerta. Según la especialista, uno de los principales desafíos de Argentina es crear un entorno que motive a los obtentores, tanto nacionales como internacionales, a desarrollar nuevas variedades que se adapten a las necesidades locales y globales.
Huerta también subrayó la importancia de este tipo de acuerdos para enfrentar desafíos globales como la seguridad alimentaria y el cambio climático. “Las nuevas variedades pueden ser resistentes a enfermedades o adaptadas a condiciones climáticas adversas, lo que mejora el rendimiento y la calidad de los productos”, explicó.
A pesar del rechazo del proyecto de Ley Bases en Argentina, que buscaba adherirse al Acta de 1991, Huerta destacó que la UPOV sigue trabajando para brindar información y apoyo técnico a los países que buscan modernizar sus marcos legislativos. “Es un tema soberano de cada país, pero estamos aquí para apoyar el proceso de cualquier nación que quiera avanzar en la protección de los derechos de obtentor”, concluyó.
La adhesión al Acta UPOV-91 sigue siendo una asignatura pendiente para Argentina, que debe decidir si avanza hacia un sistema más moderno que garantice la competitividad del sector agrícola, promoviendo la innovación y generando oportunidades para exportaciones de productos de alta calidad.
