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Por Agroempresario.com
El avance de los incendios en la zona de Chacaní, que se iniciaron en agosto, llevó al Gobierno nacional a decretar la emergencia ambiental, económica y habitacional. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27782 en el Boletín Oficial, asegurando la intervención urgente del Estado en colaboración con el gobierno provincial y los municipios.
El objetivo de esta emergencia es combatir los incendios, restaurar las áreas devastadas y evitar que nuevos focos se propaguen. Las acciones incluyen la reconstrucción de infraestructura, obras públicas prioritarias y asistencia directa a las familias y emprendimientos afectados.
El Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, destinará fondos específicos para garantizar la recuperación económica de las localidades afectadas. Se implementarán créditos con tasas bonificadas para la reparación de viviendas y el fortalecimiento de las actividades productivas regionales.
Como parte del plan, se establecerá la suspensión de deudas bancarias y obligaciones financieras mientras dure la emergencia, brindando un alivio inmediato a productores y emprendedores. Además, los juicios y procedimientos administrativos se pospondrán por hasta 90 días para que los damnificados puedan concentrarse en la reconstrucción de sus medios de vida.
La distribución de los recursos seguirá los lineamientos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, priorizando las obras más urgentes. El foco estará en garantizar la seguridad de los habitantes, la reactivación económica y la conservación de la biodiversidad perdida en el siniestro.
Desde el Ejecutivo remarcaron que las metodologías de intervención se definirán según la gravedad de cada caso, siempre bajo un enfoque integral que considere tanto la recuperación social como la ambiental.
Este trabajo en conjunto entre Nación, provincia y municipios pretende no solo superar la emergencia actual, sino también preparar a las comunidades para enfrentar futuros riesgos de manera más eficiente.
