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El proyecto de ley elaborado desde la Mesa Argentina de Carbono junto al Senador Alfredo De Angeli y el Diputado Maximiliano Ferraro, se presentó esta semana en las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.
El mismo busca brindar la previsibilidad necesaria para potenciar las inversiones en el desarrollo de proyectos y la generación de créditos de carbono en el país, posicionando a la Argentina en los mercados de carbono a nivel regional y global.
El proyecto de ley es fruto del trabajo de más de un año con consultas y aportes de referentes de los distintos sectores que participan en el desarrollo de proyectos de carbono, de autoridades nacionales y de expertos en la materia de Argentina, la región y de nivel mundial, tales como IETA y la Red Latinoamericana de Asociaciones de los Mercados de Carbono.
El Senador Alfredo De Angeli y el Diputado Maximiliano Ferraro, junto a la firma de legisladores de distintos bloques políticos que incluyen a Pro, Coalición Cívica, UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y UxP, presentaron el proyecto en el Congreso Nacional para comenzar el tratamiento en sus respectivas comisiones y lograr que se apruebe en el recinto. Bajo el título “PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO” el proyecto de ley pretende establecer un marco integral y transparente para una adecuada gestión de los créditos de carbono en Argentina, que armonice los principios constitucionales de respeto a la propiedad privada, libre mercado y preservación de la soberanía nacional. Busca proporciona r seguridad jurídica, fomentar la eficiencia y transparencia del mercado y facilitar el acceso a la información ambiental relevante para los ciudadanos. El proyecto de ley tramitará bajo los expedientes: S2134/24 en el Senado y 6538-D-2024 en Diputados.
El crecimiento global del mercado de los créditos de carbono ofrece a Argentina oportunidades únicas basadas en la riqueza de su biodiversidad, su extensión territorial y el potencial de innovación de su industria, susceptible de generar ganancia económica a partir de diferentes tipos de proyectos en sectores tales como: forestal, agricultura, ganadería, residuos, energía, transporte, procesos industriales y uso de productos, entre otros.
Argentina ha participado, desde 2005, tanto en los mercados regulados como en los mercados voluntarios. A través del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kyoto, se desarrollaron más de 45 proyectos en todo el territorio. Hasta el año 2024, se han registrado más de 60 proyectos de mercados de carbono en total. Esto es casi ínfimo si se compara con la situación a nivel global y regional. A nivel global, existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados y registrados bajo estándares internacionales.
Por su parte, en Latinoamérica y durante los últimos 5 años se formularon el 22% de los créditos de carbono emitidos en todo el mundo, siendo así la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas, especialmente por parte de proyectos en Colombia, Brasil y México. Estos paises, como así también recientemente Paraguay, cuentan con normativa vigente o en desarrollo para brindar seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos de carbono.
Actualmente existen al menos 170 tipos de tecnologías para generación de créditos de carbono a través de la captura y reducción de emisiones, tanto del sector forestal y del uso del suelo, como de los sectores de las energías renovables, la eficiencia energética, los hogares y comunidades, la producción industrial, el transporte, la gestión de residuos y la agricultura.
Los proyectos vinculados a créditos de carbono tienen, por lo general, un impacto dual. Por un lado, contribuyen positivamente al ambiente al reducir, remover y capturar GEI y, por otro, también a conservar y utilizar de manera sustentable ecosistemas proveedores de productos y servicios a la sociedad y a la biodiversidad en general. “La creación de un entorno legal y transparente y la seguridad jurídica que éste otorga, tanto para el titular y el desarrollador como para los adquirentes de los créditos de carbono y otros actores que voluntariamente opten por involucrarse en esta área, posicionará a Argentina como un destino atractivo para inversiones en este sector” afirma Juan Pedro Cano, Coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.
Desde 2005 el valor total de los mercados voluntarios fue de USD 10 mil millones totales, mientras que sólo en los años 2021 y 2022 los valores anuales fueron de USD 2 mil millones anuales, lo cual muestra su crecimiento. El valor de los mercados casi se cuadruplicó en 2021 y 2022 impulsado principalmente por proyectos del sector forestal y del agro, usualmente conocidos como Soluciones Basadas en la Naturaleza.
“Argentina tiene un gran potencial de no solo cumplir sus compromisos internacionales mediante mecanismos trazables, sino de ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo. Si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal del país, podría estimarse preliminarmente que la comercialización de los certificados/créditos de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos totales por entre USD 10 mil y 14 mil millones (USD 250-350 millones anuales)” agrega el directivo. “Si este cálculo se lleva al 50% de la superficie agropecuaria y forestal, representaría entre USD 1.100 y 1.750 millones anuales, lo cual puede asimilarse a los ingresos generados por los complejos productivos minero y de l a carne y cueros”.
Los mercados de carbono son un mecanismo de reducción de emisiones mediante la gestión privada principalmente, utilizando mecanismos de mercado. No requiere de inversión o financiamiento público, pero sí requiere que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle. “De hecho, en nuestro país ya existen diversos actores que están voluntariamente llevando a cabo proyectos dirigidos a los mercados de carbono aún sin contar con un marco legal a nivel nacional. Una regulación adecuada y actualizada en este ámbito permitirá garantizar el necesario desarrollo de numerosos proyectos en diversos sectores” recomienda Cano.
La propuesta del proyecto de ley, que establece un marco legal claro y delimita la intervención gubernamental en el ámbito de los créditos de carbono, concuerda con la visión de una administración pública eficiente y orientada a resultados. Así, la autoridad de aplicación puede beneficiarse de las herramientas tecnológicas para llevar a cabo un registro preciso de los créditos de carbono, contribuyendo así a la eficiencia y transparencia del mercado y cumplir así con los estándares de acceso a la información previstos en la legislación nacional e internacional.
En este contexto, “resulta imperativo desarrollar una estrategia sistémica e integral que coloque como premisa fundamental la mejora regulatoria como un compromiso continuo del sector público, abierto a la participación ciudadana. Esta estrategia debe incluir la reducción de trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normativas eficientes. Aspiramos a construir un Estado eficaz, capaz de satisfacer las necesidades ciudadanas y respetuoso de la autonomía privada. En consecuencia, el proyecto de ley propuesto se alinea con este enfoque al establecer un marco legal claro, limitar la intervención gubernamental de manera eficiente y promover la transparencia en el mercado de créditos de carbono, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la eficacia del Estado” indica el coor dinador de la Mesa.
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