La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina habilitó un espacio específico de negociación para Certificados Verificados de Crédito de Carbono (VCUs, por sus siglas en inglés) en el mercado extrabursátil. Estos VCUs representan una tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) capturada o evitada, y permitirán a empresas e inversores involucrarse en el mercado de carbono sin recurrir a la oferta pública, promoviendo la participación privada en iniciativas de sostenibilidad ambiental y facilitando el cumplimiento de compromisos ambientales en un entorno regulado.
Esta iniciativa, que se suma al reconocimiento internacional de los mercados voluntarios de carbono, brinda a Argentina un marco de referencia para estimular la reducción de emisiones a nivel local, y posiciona al país como un actor emergente en el creciente mercado de créditos de carbono. La CNV ha dispuesto este espacio sin necesidad de una resolución adicional, por lo que su implementación es inmediata, lo que brinda una rápida respuesta a las necesidades del sector privado de contar con instrumentos de cobertura y financiamiento verde.
Un día después de la habilitación de este ámbito de negociación por parte de la CNV, el Congreso argentino recibió un proyecto de ley titulado “Presupuestos Mínimos para la Implementación de Proyectos de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero,” que tiene como objetivo dar seguridad jurídica y transparencia al mercado de créditos de carbono en el país. Presentado por el senador Alfredo De Angeli y el diputado Maximiliano Ferraro, este marco legal busca facilitar el desarrollo de proyectos de mitigación en Argentina, estableciendo reglas claras para la generación y comercialización de créditos de carbono, y sentando las bases para un mercado robusto y eficiente.
Esta propuesta legislativa también permite reducir trámites burocráticos y mejora la eficiencia del mercado, con normas que promueven la competencia y respetan los principios de propiedad privada y soberanía nacional. Al permitir un sistema de registro y verificación para las emisiones reducidas o capturadas, se asegura la trazabilidad y confiabilidad de los créditos, aspectos fundamentales para la participación de inversores internacionales en el mercado argentino.
Estas dos iniciativas—una regulatoria desde la CNV y otra legislativa desde el Congreso—brindan una estructura integral que podría transformar el mercado de carbono en Argentina. Los VCUs, junto a los contratos de futuros sobre el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) habilitados también por la CNV, ofrecen a las empresas nuevas opciones de cobertura y financiamiento en la transición hacia una economía de bajas emisiones.
Argentina cuenta con recursos naturales y una industria agropecuaria y forestal con gran potencial para la generación de créditos de carbono. Este contexto, sumado a los nuevos marcos normativos, permite a Argentina capitalizar sus proyectos de captura y reducción de carbono a través de soluciones basadas en la naturaleza y tecnologías innovadoras. Con más de 60 proyectos en funcionamiento en los mercados regulados y voluntarios, Argentina está bien posicionada para capturar una parte significativa del mercado de carbono, proyectando ingresos de entre USD 10 mil y 14 mil millones, según estimaciones del Coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, Juan Pedro Cano.
El desarrollo del mercado de carbono en Argentina ofrece una oportunidad única para atraer inversión, impulsar el crecimiento verde y cumplir los compromisos climáticos internacionales. Con el respaldo de la CNV y el marco propuesto en el Congreso, se espera que el sector privado asuma un papel central en la promoción de iniciativas de reducción de emisiones, en un contexto de transparencia y seguridad regulatoria.
Estas iniciativas confirman la intención de Argentina de integrarse plenamente en el mercado de carbono global, generando beneficios tanto económicos como ambientales y estableciendo al país como un referente en la reducción de emisiones en la región.
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