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Por Agroempresario.com
En un movimiento significativo hacia la modernización y eficiencia del sector agropecuario, la Secretaría de Agricultura ha decidido derogar 19 normativas emitidas por la administración de Alberto Fernández. Esta medida, formalizada en la Resolución 1129/2024 publicada en el Boletín Oficial, tiene como principal objetivo alinear las políticas de regulación y simplificar los procesos burocráticos que han afectado a productores, exportadores e importadores.
El Ministerio de Economía ha destacado que es “indispensable” realizar estos cambios para promover una verdadera desburocratización en las actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y pesca. La resolución busca establecer un marco normativo más sencillo y razonable, facilitando así la interacción entre el Estado y los actores del sector agroalimentario.
Entre las normativas derogadas se encuentran la eliminación de la declaración jurada previa para las exportaciones de carne, que requería a los exportadores un proceso adicional que muchas veces generaba demoras. También se suprime la posibilidad de que las entidades inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria conformen fideicomisos de asistencia financiera, así como el Programa Nacional de Certificación de Calidad de Alimentos Argentinos, que fomentaba mejoras en pequeñas y medianas empresas productoras.
Otras disposiciones, como la eliminación de normas relacionadas con el transporte de trabajadores en el sector agropecuario y pesquero, y la cancelación de un programa que buscaba incrementar las exportaciones de cereales y oleaginosas, reflejan un cambio en la estrategia del gobierno hacia una mayor agilidad operativa.
Esta desregulación, firmada por Luis Caputo, también implica un ajuste en la estructura interna del Ministerio de Agricultura, con la eliminación de la unidad de transversalización de perspectiva de género, una decisión que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social.
La derogación de estas normativas se produce en un contexto de recuperación económica heterogénea, donde las expectativas de crecimiento se ven matizadas por la incertidumbre. A medida que el sector agropecuario busca adaptarse a un entorno cambiante, estas medidas podrían representar un paso importante hacia la optimización de procesos y la mejora de la competitividad en un mercado global exigente.
La simplificación normativa en el sector agro representa un desafío y una oportunidad, ya que la eliminación de trabas burocráticas no solo beneficiará a los productores y exportadores, sino que también puede impactar positivamente en el abastecimiento y la estabilidad de precios en el mercado interno. Con este enfoque, la Secretaría de Agricultura da un paso firme hacia la modernización de un sector clave para la economía argentina.
