Por Agroempresario.com
En las últimas semanas, el sistema ferroviario argentino ha sido protagonista de importantes movimientos hacia su privatización. Entre las acciones más destacadas se encuentra la posible venta de Trenes Argentinos Cargas (TAC) y los servicios ferroviarios de pasajeros que actualmente operan Trenes Argentinos Operaciones, así como los servicios privados del AMBA.
Según la información oficial, la licitación de estos servicios se dividirá en tres áreas: infraestructura, operación y material rodante. Sin embargo, la infraestructura ferroviaria presenta un desafío considerable. Aunque el capital privado podría involucrarse, la inversión necesaria para mantener y mejorar las infraestructuras podría no ser rentable solo con los ingresos por peajes. El control estatal sobre la infraestructura parece ser una condición necesaria para garantizar la seguridad operacional y el éxito de las inversiones a largo plazo.
En este sentido, el experto en infraestructura ferroviaria, consultado por El Cronista, advierte que "si bien existen ejemplos globales de inversión privada, muchos de ellos terminaron en quiebra y con el estado asumiendo costos". De esta manera, un control más fuerte por parte del Estado podría ser la clave para evitar fracasos.
Diversos actores privados, tanto nacionales como internacionales, han mostrado su interés en participar de las licitaciones. Entre los interesados se destacan dos empresas chilenas, un grupo inversor peruano, y empresas argentinas como Cale Group, Roggio, Emepa, y el Grupo Manzano. Según El Cronista, "estos nuevos jugadores han comenzado a analizar las licitaciones y algunos ya han contratado estudios legales para conocer mejor el marco regulatorio".
Además, en el sector ferroviario de pasajeros, firmas argentinas como DOTA y Casimiro también han manifestado interés en participar. Los expertos coinciden en que la competencia en el sector podría ser beneficiosa, siempre y cuando los procesos de licitación permitan el ingreso de nuevos competidores que fomenten la mejora en el servicio.
En paralelo a la privatización de los servicios del AMBA, el gobierno está trabajando en la transferencia de servicios ferroviarios a varias provincias, como Entre Ríos, Río Negro, Tucumán y Córdoba. Las negociaciones avanzan para que las provincias asuman la operación de algunas líneas, mientras que en otros casos, como en Santa Fe, se evalúa la posibilidad de ceder la operación a una empresa privada o un ente mixto.
Uno de los puntos clave será el traspaso del servicio ferroviario entre Cañada de Gómez y Rosario a la provincia de Santa Fe. "Las provincias no siempre tienen la capacidad para operar estos servicios por sí solas, por lo que un modelo mixto podría ser la solución", comentó un funcionario a El Cronista.
En la provincia de Buenos Aires, el senador Pedro Borgini ha presentado un proyecto en la Legislatura para crear una empresa mixta que administre los trenes bonaerenses. Este proyecto, respaldado por sindicatos como La Fraternidad y la CGT, busca recuperar los servicios ferroviarios que el Estado Nacional ha dejado de operar. "Es un modelo que podría funcionar, especialmente si se logran acuerdos entre el Estado, las empresas y los municipios", afirmó Borgini en declaraciones recogidas por El Cronista.
Si se concreta, este modelo podría facilitar la recuperación de rutas importantes, como las de Bahía Blanca, y potenciar la logística portuaria, en particular la de Quequén, que actualmente carece de un servicio ferroviario eficiente.
Con las licitaciones en camino, el sistema ferroviario argentino se enfrenta a un escenario de cambios significativos. El desafío será encontrar un equilibrio entre la inversión privada y el control estatal para asegurar que la infraestructura se mantenga segura, eficiente y accesible. Mientras tanto, la llegada de nuevos actores y la posible recuperación de servicios ferroviarios en provincias como Buenos Aires prometen un futuro más competitivo y conectado para el sector ferroviario argentino.